Preocupa la cifra estimada por la Secretaría del Interior de Manizales de unos dos mil vendedores informales en Manizales, concentrados en focos del Centro, Galería, Chipre y avenida Santander. Se convirtió en un problema de difícil resolución porque desde administraciones municipales anteriores se dejó crecer sin que mediaran alternativas al menos para intentar ponerle freno y hoy se hace mucho más difícil hacerle frente.
Se sabe que son incrementos que obedecen a las tasas de desempleo en Colombia, de las que Manizales no está exenta. El más reciente reporte del DANE del trimestre febrero-abril de este año registra un porcentaje de desocupación de 10,2 (26 mil 300 desempleados) que aunque es un descenso de 1,9% con respecto al 2024 y hay 11 mil 744 trabajadores más, se cruza ineludiblemente con que de este total hay 5 mil 259 (45%) cuenta propia, lo que significa que no están vinculados a una empresa, con un contrato formal, sino ligados a actividades informales.
Y eso que esta capital mantiene la menor informalidad del país con el 35,1%, frente al 34,7% del año pasado. Serían aproximadamente 81 mil personas en la informalidad entre 230 mil 664 que laboran, y aunque no todas están ejerciendo actividades en el espacio público sí dimensionan una situación que tiene que preocupar y a la que hay que prestarle muchísima atención. Se trata de muchos trabajadores que por necesidad y rebusque se exponen a ser manipulados por estructuras comerciales ilícitas, que existen en la ciudad. Se trata de poderosos que mandan en las calles, no las autoridades, y que entregan mercancías para que otros las vendan a cambio de unos cuantos pesos en espacios públicos.
La ciudad no se puede quedar con un decreto de 1999, el 443, que lleva rigiendo 26 años para regular las actividades informales. Es tiempo de que la Alcaldía revise esta norma, en lo que también participen organizaciones registradas que representan a estos sectores para modernizar y actualizar el decreto conforme a las realidades. Para lograrlo, deben tenerse en cuenta los parámetros trazados por la Corte Constitucional para que se concilien derechos al trabajo y a la movilidad de los ciudadanos. La intervención de líderes de los informales debe ser honesta, porque si muchos siguen mintiendo con respecto a la necesidad de uso del espacio público muy pronto la ciudad verá saturadas las calles, como sucede en otras partes del país.

La Secretaría de Planeación ya dejó claro que el Decreto 012 del 2025 que regula el aprovechamiento económico en el espacio público, cobrando por su uso, no cobijará a los vendedores informales, que siguen bajo la tutela del 443. Por eso todos ellos deben informarse bien si es que alguien les está diciendo lo contrario, buscando crear un mal ambiente e inconformidades innecesarias contra lo establecido por la Administración municipal como primera autoridad. Esta también indica que trabaja con los comerciantes para actualizar la política pública sobre la venta informal en la ciudad. Todos son esfuerzos que no deben tener pausa, para evitar que se pase a problemas mucho más graves en las calles.