En el 2009 se disolvió el Instituto de los Seguros Sociales (ISS) como entidad pública estatal a cargo de la salud y la pensión de los trabajadores. Muchos saben que no terminó con una grata recordación. Su desaparición fue motivada por malos manejos, desorden administrativo, corrupción, pérdida de recursos que dieron al traste con la prestación adecuada de los servicios de salud y la cobertura. El ISS construyó y abrió hospitales y clínicas que se unieron a los de la red pública, pero que también cayeron en revés institucional.

Con la puesta en marcha de la Ley 100 de 1993 se fue pasando a la universalización de la salud. Mientras el ISS afiliaba solo a los trabajadores (47% de la población), la Ley 100 afilió al 95% de los colombianos, incluyendo cónyuges e hijos como beneficiarios. Entraron a regir las EPS y las IPS como parte de un sistema mixto de salud que se fue volviendo imperfecto, pero que tampoco era el peor. Requería modificaciones estructurales antes que desaparecerlo como pretende el Gobierno Petro.

Se hace necesario recordar estos hechos para prevenir lo que se puede repetir si el Gobierno consigue que el porcentaje mayoritario de los privados (51%) cedan a la venta de la Nueva EPS para que se convierta en una entidad del Estado y sirva de prototipo para lo que será el resto del sistema de salud colombiano. Nueva EPS es la empresa con más afiliados, 13 millones en todo el país, de los cuales son 408 mil en Caldas, y la más afectada por el colapso del sistema de salud por falta de recursos, a pesar de haber sido intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud (SNS) desde el 3 de abril del 2024 con ineficientes resultados.

La intervención de la Supersalud, que es el mismo Estado manejando una entidad para tratar de salvarla, no ha servido para mejorar la atención a los afiliados ni para corregir las fallas estructurales; más bien ha llevado a Nueva EPS a demostrar que estatizar un servicio no es la solución a los problemas. Otro ejemplo de eso es el anunciado piloto del Gobierno nacional con los cambios que hizo el año pasado en la atención de salud de los maestros, que pasó de mal a peor, y por lo que hoy siguen protestando contra el Gobierno.

Hay mucha preocupación por lo letal que podría ser otra vez esto para la población afiliada, en su mayoría adultos mayores con enfermedades crónicas y sus familias. El Gobierno no ha demostrado que su propuesta sea la mejor y la que Colombia requiere para solucionar los problemas de salud, no puede seguir empecinado en asumir todo como Estado, sin la participación de privados en modelos mixtos. Ojalá las entidades que hoy son dueñas de ese 51% de Nueva EPS, entre las que hay varias cajas de compensación como Confa en Caldas, logren resistir a estos embates y en aras de la responsabilidad social e institucional mantengan el manejo de esta EPS. El país no puede retroceder en atención sanitaria.