Desde antes de ser elegido Gustavo Petro como presidente de Colombia se hablaba de su compromiso con los jóvenes de la llamada Primera Línea para tratar de darles beneficios si era elegido para ocupar la Casa de Nariño. Por eso, no es sorpresivo que el mandatario esté tratando de favorecerlos de alguna manera para que no tengan que pagar por sus graves faltas, cometidas en desarrollo del llamado Paro Nacional del año pasado.
Lo que sí sorprende y preocupa es que el gobernante, desconociendo la lógica de un Estado de Derecho, como se supone que es Colombia, y contrario al deber ser del funcionamiento de una democracia, haya salido con que antes de la Nochebuena los involucrados en esos graves desmanes estarán libres y al lado de sus familias, como si un presidente pudiera decidir sobre eso, cuando es el aparato de justicia el que podría tomar un camino como ese. Hay allí una clara extralimitación de Petro y un mensaje delicado alrededor de la democracia.
Las explicaciones dadas luego por el ministro del Interior, Alfonso Prada, acerca de cómo se llegaría a esa designación de estas personas como gestores de paz, tampoco resultan satisfactorias y es preocupante que se configure allí un caso evidente de impunidad. Serán 230 personas las que saldrían de las cárceles bajo esa figura, entre ellas alias 19 (Sergio Pastor González), integrante de la primera línea, quien ya fue condenado a 14 años de prisión por torturar a personas en las inmediaciones del Portal Américas de Transmilenio, y por atacar ferozmente a policías.
La explicación de Prada acerca de que ese “no es un perdón judicial” es insuficiente ante casos en los que se configuraron crímenes muy graves, y que representa entregar beneficios a delincuentes, con lo que se envía un mensaje en el sentido de que ese tipo de conductas, en las que inclusive hay imputaciones por homicidio agravado, pueden ser borradas con un supuesto papel de gestores de paz.
Es verdad que esa figura ya ha sido usada en el pasado por otros presidentes, y en el caso de Caldas hay un caso que en su momento también despertó indignación en muchas de sus víctimas, como fue que alias Karina, excomandante del Frente 47 de las Farc, fuera convertida en gestora de paz por el expresidente Álvaro Uribe. No obstante, en aquel momento había algún sentido, ya que la idea de estas designaciones es que esas personas ayuden a la desmovilización de los demás miembros de una organización delincuencial. En el caso de la Primera Línea no es muy claro cómo puede darse ese proceso, porque la mayoría de los involucrados no podrían cumplir esa tarea, y sería solo una especie de amnistía sin nada a cambio.

Esperamos que reine la sensatez, y que el Estado de Derecho se imponga, para que sea la verdad judicial y los jueces de la República los que puedan dictaminar la culpabilidad o no de cada uno de los involucrados en estos casos. De hecho, ya hay nueve condenas, hay 38 en etapa de juicio y otros más que tienen imputaciones de la Fiscalía que no pueden ser desechadas. Es verdad que muchos miembros de la Fuerza Pública también se excedieron y cometieron graves crímenes en esa infortunada jornada de violencia, y ellos también tendrán que pagar judicialmente por sus actos. La llamada Paz Total no puede dar carta blanca a la impunidad, en ningún sentido.