En febrero del año pasado, el entonces ministro de Defensa, Diego Molano, anunció que durante 2021 y 2022 se incorporarían 33 mil agentes más a la Policía Nacional, que tendrían la tarea de ir a las calles de las ciudades y municipios colombianos a garantizar la seguridad ciudadana. Afirmó, inclusive, que esa cifra significaría un aumento de 4 mil uniformados sobre la cantidad proyectada para el cierre del gobierno del expresidente Iván Duque. En total, hoy se tienen cerca de 200 mil policías en el país.
En ese momento se aseguró que se estaba mejorando el proceso de incorporación para tener cada vez más jóvenes que buscaran graduarse de patrulleros y subtenientes, y de esa manera tener pie de fuerza suficiente para enfrentar a la delincuencia. Se amplió el plan de becas para financiar los costos de su formación en las escuelas de Policía. También se tomó la decisión en sacar a las calles, gradualmente, a 7 mil agentes que venían desempeñando tareas administrativas en las oficinas de la Policía Nacional, y así brindar una sensación mayor de seguridad a los ciudadanos. De la misma manera, se pasó de tener 9 mil auxiliares de policía a tener 24 mil.
No obstante, la realidad es que el número de agentes es insuficiente en el país, con un déficit aproximado de 20 mil uniformados y en Caldas también se sufren los efectos. En el caso concreto del hurto a la sucursal del Banco Agrario en Arboleda, corregimiento de Pensilvania, el pasado sábado, el argumento de las autoridades municipales es que no se tiene suficiente pie de fuerza para brindar la seguridad, y que es un tema recurrente en las reuniones periódicas que se tienen para analizar los fenómenos de delincuencia. Aunque hay estaciones de Policía, los agentes son pocos y la comunidad se queja con frecuencia de la efectividad de sus acciones.
Desde la Secretaría de Gobierno de Caldas se manifiesta la esperanza de contar al final del año con 160 uniformados más, gracias a las becas entregadas por el gobierno departamental a jóvenes para que se formaran como policías. Sin embargo, son muy pocos si se piensa en los 27 municipios con sus respectivos corregimientos, ante la inseguridad creciente en algunas subregiones. Desde hace años también se ha hablado de nuevas infraestructuras policiales, pero tampoco se han concretado; se tiene la esperanza de que en diciembre comiencen a construirse estaciones en Pensilvania y Arauca (Palestina), con una inversión de $5 mil 110 millones, mientras el comando departamental que se planea construir en Chinchiná sigue esperando.
Como parte de las causas de la escasez actual de uniformados está la rápida jubilación que se da en esa institución, donde 20 años de servicio es el requisito para retirarse con una pensión. En los últimos cuatro años salieron de la Policía por esta causa 40 mil hombres y mujeres, según cifras del Ministerio de Defensa, lo cual hace que sea muy difícil garantizar su reemplazo de manera oportuna.

Ahora que el gobierno de Gustavo Petro viene con la idea de sacar la Policía del Ministerio de Defensa y darle funciones civiles, la incertidumbre acerca del papel de esa institución y las garantías de seguridad para los ciudadanos es mayor. Además de personal uniformado, hace falta que esa función la cumplan policías vestidos de paisano y que se refuerce la inteligencia en seguridad, pues mientras la delincuencia fortalece sus métodos criminales, la respuesta del Estado debe ser cada vez más certera y contundente.