La situación de orden público en varias regiones del país es complicada. Lo que ocurre en el departamento de Arauca está tomando dimensiones que no se veían desde hace tiempo, y la fuerte reacción del Gobierno desde el punto de vista de presencia militar no ha logrado parar las intimidaciones contra periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales, así como tampoco los desplazamientos y las incursiones violentas de grupos ilegales.
Hace una semana, el 19 de enero, un atentado con carrobomba en Saravena causó la muerte de una persona y heridas a otras 20. Poco después las disidencias de las Farc, lideradas por alias ‘Antonio Medina’, se atribuyeron el ataque. De inmediato el Gobierno tomó medidas, con mayor presencia del Ejército y toques de queda, para garantizar la seguridad. No obstante, en la madrugada del domingo, luego de que el Eln liberó a un secuestrado, una empresa distribuidora de oxígeno de la familia del liberado fue atacada con un artefacto explosivo por dos personas que se movilizaban en una moto.
Lo que se conoce es que hay una lucha entre ilegales que también involucra al frente urbano Domingo Laín del Eln, encabezado por alias ‘Gavilán’ y ‘Culebro’, que tienen una guerra a muerte por el manejo de actividades económicas criminales en esa zona de frontera con Venezuela. Es una verdadera batalla sin cuartel que se lleva por delante la vida de muchas personas inocentes, y pese a que se ofrecen jugosas recompensas ($1.500 millones) por los líderes de esas organizaciones ilegales, específicamente por ‘Medina’, ‘Pescado’ y ‘Arturo’, hasta ahora los resultados son nulos. Incluso hay recompensa de $4 mil millones por alias ‘Pablito’, del Eln, aún sin lograr efectos.
Es preocupante que esto ocurra a mes y medio de las elecciones para el Congreso de la República, lo que constituyen serias amenazas a la democracia en esa región de Colombia. Peor aún es que haya otras regiones del país que, de acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), ofrecen alto riesgo para el desarrollo de las elecciones del 13 de marzo, cuando también serán elegidos quienes ocupen las 16 curules de las llamadas Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz (CTEP).
Hay numerosos lugares de Norte de Santander, Bolívar, Antioquia, Chocó, Valle, Cauca, Nariño, Putumayo, Caquetá, Meta y Tolima, principalmente, que viven actualmente con la zozobra de la violencia, y que coinciden con las regiones que tradicionalmente han vivido con mayor intensidad el conflicto armado interno desde hace décadas. De los 167 municipios que conforman esas zonas 97 tienen riesgo, de los cuales 43 se encuentran en riesgo extremo, 44 en riesgo alto y 10 en riesgo medio, según la MOE.
El Estado debe actuar con rapidez y efectividad, no solo con presencia militar, para evitar que en esas regiones alejadas de los grandes centros urbanos los violentos sigan poniendo las condiciones y que las comunidades intimidades terminen cediendo a sus amenazas. Hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para defender la democracia y no permitir que quienes quieren imponer un régimen de terror logren consolidarse. A todas esas regiones hay que brindarles garantías de seguridad.
