El único obsesionado con la posible salida no constitucional del presidente de la República del solio de Bolívar es el mismo mandatario, Gustavo Petro. Cada tanto sale en discursos veintejulieros, en los que se luce como si fuera un candidato locuaz, a advertir que hay personas dispuestas a tumbarlo del Gobierno. A ningún líder reconocido se le ha escuchado semejante despropósito, más allá de a un tuitero enardecido o un manifestante en alguna calle, pero la democracia se resuelve por las vías democráticas. Que alguien exprese una opinión desproporcionada no significa que ya hay personas intentando un golpe de Estado, duro o blando. Ya esta Presidencia lleva un año de labores y la falta de ejecución está pasada en buena parte por el nombramiento de personas no competentes en cargos clave y por la imposibilidad de diálogo del alto Gobierno con los sectores que quiere transformar o regular, según sus propuestas de campaña.
El discurso del jueves en la noche en Carmen de Bolívar tiene cierto tono de resentimiento, pues hubo indirectas y directas para el empresariado, para el grupo Argos, para funcionarios que tendrían durmiendo el sueño de los justos la restitución de tierras, para la prensa, para inversionistas extranjeros. En fin, se trata de unas afirmaciones que distan mucho de las aseveraciones casi de estadista a las que se aproximó el mandatario ante el Congreso de la República el pasado 7 de agosto. Es una lástima que a punta de verbo encendido se quiera promover lo que el Gobierno no ha sido capaz de lograr por las vías institucionales.
Por supuesto que hay problemas en la devolución de las tierras a quienes les fueron arrebatadas, pero las circunstancias son múltiples. No se puede descartar en un país como Colombia que haya intereses que impidan la devolución de tales terrenos, pero también se sabe que hay muchos problemas para ponerles orden a los títulos, pues la tradición es asunto complejo, sobre todo, en zonas donde la posesión era lo normal. Se requiere desenredar todo esto y las herramientas para hacerlo están en el mismo Gobierno. Además, es posible que hoy parte del territorio despojado esté en manos de compradores de buena fe. Este principio constitucional hay que respetarlo, y recordar que la buena fe se presume, no porque un mandatario diga que no existe esta en alguna adquisición de un bien, entonces es un hecho. Afirmaciones como esa solo se pueden catalogar de irresponsables y lo mínimo es que deberían ser probadas.

Lo que requieren los reclamantes es un apoyo jurídico amplio y constante y este lo puede proveer el Estado, para que las soluciones se den y se brinden las posibilidades de que las tierras sea devuelta a sus legítimos dueños o que se dé la reforma agraria prometida, en la que se sumaron organizaciones como Fedegán, pero que el Gobierno no pone en marcha a la velocidad que exigía a sus antecesores. Es una lástima que Gustavo Petro siga actuando como el opositor que sembraba mantos de duda sobre decisiones del Estado. Ya es hora de que se dé cuenta de que es el presidente de todos, con subrayado en todos, los colombianos, como lo afirmó en su discurso de triunfo electoral. Si asume esto, se dará cuenta de la necesidad de tomar decisiones que tengan en cuenta a los involucrados y sean realmente las más provechosas para el país, no solo por la terquedad de imponerlas.