La libertad de expresión es un derecho fundamental de los colombianos. El artículo 20 de la Constitución habla de que no habrá censura y que los medios de comunicación tienen responsabilidad social. El presidente de la República, Gustavo Petro, ha sacado a relucir, en varias oportunidades, la importancia de esta condición del derecho a informar, para exigirles a los medios que se moderen, así él no tenga en cuenta esto mismo cuando falsea la realidad con su trinado sistema de gobernanza.
La Corte Constitucional se ha encargado de delinear a qué se refiere esa responsabilidad social. Ha dicho que esta se orienta al compromiso que se debe tener con los ideales democráticos y a la prevalencia del interés colectivo. En otras palabras, los medios pueden tener sus posiciones ideológicas y reflejarlas en su manera de informar, pero en ningún caso pueden hacerlo a costa del pluralismo que busca promover la Carta Política. La mayoría de medios han entendido que responsabilidad social es informar con profesionalismo, por ejemplo, diferenciando la opinión de las noticias. Esto no se trata de que quien informa desde un punto de vista ideológico distinto al mío falta a la responsabilidad social, como lo quieren hacer ver desde los extremos del espectro ideológico. Ni más faltaba.
La libertad de expresión no es un derecho de los periodistas o de los medios, es de los ciudadanos a estar bien informados, y es un pilar de la democracia. Donde se pueden debatir las ideas que generan diálogos entre distintos. Un país donde los medios puedan informar sin una espada de Damocles sobre ellos es un lugar en el que el ideal democrático está más cercano de ejercerse. En la deriva autoritaria que están tomando algunos líderes que llegaron al poder buscan amedrentar a medios y apocarlos.
Lo que no entienden personajes como Gustavo Petro, Nicolás Maduro, Daniel Ortega, Andrés Manuel López, Nayib Bukele o Víktor Orbán es que no son ellos los llamados a decir cuándo un medio de comunicación actúa con responsabilidad social o no. No les corresponde a ellos convertirse en los ombusdman que determinan dónde radica el buen o el mal periodismo. Eso lo definen las audiencias, ni siquiera los propios medios. Cada ciudadano tiene derecho a pensar lo que quiera de quienes los informan y a expresarlo, pero cuando incurre en esto alguien que debe propender por la defensa de la democracia, da un duro golpe a la libertad de expresión, pues en su condición de liderazgo lo que termina por hacer es socavar la credibilidad de esos medios. Si además sus críticas son infundadas, el daño es doble.

Dejémoslo claro: entendemos que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, que en ocasiones se cometen excesos, que también hay errores en el periodismo y a veces sesgos. Cuando se abusa de ese derecho se deben asumir las responsabilidades ulteriores. Lo que no se puede es generar censura previa, sino que los medios o las personas puedan decir lo que quieran, pero saber que hay responsabilidades en cada cosa que se diga y corregir es una obligación. Socavar la libertad de prensa es una alta factura que pasan los poderosos a los medios y periodistas críticos, y al final lo que provocan es socavar la democracia.