Es mandato constitucional que un presidente deba buscar la paz para toda la nación, la pregunta es si vale la pena insistir con personas que no han aprovechado la mano tendida. ¿Hasta cuándo permanecerá la puerta abierta? Esa es la pregunta que se hacen millones de colombianos ante la propuesta, en esta oportunidad del Gobierno de Gustavo Petro a las disidencias de las Farc, es decir a esas mismas personas que dieron un portazo a la magnanimidad del Estado colombiano que ya les había dado una oportunidad de oro, que otros sí han sabido aprovechar.
La apertura en esta oportunidad es para lo que se conoce como Estado Mayor Central, grupo que regenta el conocido como alias Mordisco, quien no se acogió desde un principio al proceso de Juan Manuel Santos. La Nueva Marquetalia, que es la disidencia de quienes alcanzaron a estar en ese proceso y luego renunciaron a las ventajas que se les ofrecían no entrarían en esta nueva mesa de diálogos. En todo caso, lo que se espera que estas personas de entrada sepan que en ningún caso recibirán un trato mejor que el de quienes antes firmaron la paz, porque sería un contrasentido.
Eso también debería servir para el Eln, grupo con el que se terminó la segunda ronda de negociaciones sin ninguna novedad y con la esperanza perdida del Gobierno de tener un cese al fuego. Esta es una agrupación que sistemáticamente se ha burlado del Estado, presidente tras presidente, sin concretar nunca una propuesta seria de paz. Por eso mientras conversan, prefieren cometer todo tipo de actos delincuenciales y terroristas como si se empeñaran en no tener credibilidad alguna. Es un formato recurrente de esta agrupación armada que quiera mostrar su fuerza en medio de la negociación.
Sucede también con el Clan de Golfo que parece demostrado está detrás del confinamiento que padecen los ciudadanos en el Bajo Cauca, entre Antioquia y Córdoba. Aunque el Gobierno ya dio a entender que asumen que esa agrupación no está interesada en la paz total de Petro, pues que entonces se aplique el peso de la ley. Esta estructura criminal vive de manejar todo tipo de negocios ilícitos y de imponer su ley, la del poder de los fusiles, en sus zonas de influencia. Parece querer una paz sastre, que les permita seguir enriqueciéndose ilícitamente.
Este Gobierno abrió las puertas en su intentona de lograr la paz, pero claramente no ha mostrado cuál es su estrategia para combatir a los cómodos bárbaros que siguen delinquiendo y atemorizando al pueblo colombiano. Cómo se va a actuar con las disidencias de las Farc que salgan de este proceso, por qué al Eln se le permite que cometa atentados terroristas y no se pausa el proceso de negociación; hasta cuándo se dejará que los narcotraficantes paralicen una región como si fueran la autoridad.

Está la puerta abierta, pero para el que realmente la quiera aprovechar, no se puede mantener así para que se convierta en un simple espacio para que llegue el que quiera cuando quiera. De esa manera lo que termina es por dejarles claro a los delincuentes que son ellos lo que imponen la agenda, no el Estado. Bastante se ha tenido que ceder en procesos anteriores para lograr ese esquivo bien público que es la paz. Por eso insistimos que los acuerdos sobre la mesa y los futuros que lleguen no pueden ser más beneficiosos para los delincuentes que lo que ya lograron los ahora ex-Farc.