A medida que pasan los días, la reforma a la Salud que presentó el Gobierno para estudio del Congreso empieza a generar más dudas que certezas. Y esto pasa por la manera en que se quiere imponer la única visión que viene desde el Ministerio del ramo y que desconoció las recomendaciones de otros integrantes del equipo de Gobierno, que tienen experiencia y conocimiento suficientes para aportar en la discusión para lograr un sistema de salud que sea el mejor para todos, en el entendido de que no hay uno perfecto. El Ministerio de Hacienda incluso advirtió de la importancia de no usurpar funciones del Congreso, en cuanto a la concesión de exoneraciones y otros tributos, que se contemplan en el proyecto.
Es tal la terquedad del Gobierno para imponer sus ideas, que el presidente, Gustavo Petro, cayó en el absurdo de generar noticias falsas, para tratar de justificar a toda costa que el actual es un sistema perverso y que solo el que se propone desde su Gobierno es el mejor. Podemos entender que alguien informó mal al mandatario y él erró al poner fotografías que no se corresponden con la realidad, pero lo peor es que no lo reconoce ni se disculpa. No se trata de mentiritas piadosas, pues quien las difunde es nada menos que quien está en la obligación de decir la verdad.
Aún no se entiende por qué el afán con esta reforma, que sigue con muchas dudas de si debió presentarse como estatutaria, al tratarse de un derecho conexo con el de la vida, que es fundamental, y porque normas que han modificado la Ley 100, así han sido tramitadas. Esto se prevé con el fin de que un tema de derechos de los ciudadanos reciba los argumentos y debates fundamentales para corregir lo que se tenga que corregir, para advertir de los yerros y para dar pasos seguros en los cambios.
El documento de 16 páginas que presentaron los ministros de Salud, de Agricultura y de Hacienda para sugerir mejoras al proyecto de Ley, que se filtró y que le costó la salida a Alejandro Gaviria, era muy preciso en la importancia de otorgar funciones expresas en la nueva ley a las EPS, porque lo que se dice de que podrán operar no se ve reflejado en el articulado que se presentó a estudio de los legisladores, en defensa del modelo mixto. Los tres advertían de lo difícil y el retroceso que significaría imponer el modelo público. No está bien que esta reforma mantenga un artículo que abre la puerta para que al final el presidente haga lo que quiera con el sistema. Si se aprueba ese penúltimo artículo de la reforma como está presentado, sería una forma del Congreso de renunciar a su función legislativa.
Este es un asunto que no requiere de carreras. Insistimos en que es necesario que se hagan ajustes a cosas que no estén funcionando, en que las EPS tienen que pagarles a las IPS lo que les deben y hacerlo a tiempo siempre, en que se requiere mucho más prevención y en que se tienen que imponer controles que funcionen, pero esos ajustes no requieren una modificación total del sistema. Un sistema estatizado no ha sido solución en ningún país de las características del de Colombia.

Las recomendaciones de los expertos dentro del Gobierno tienen mucha sensatez e invitan a mantener cosas del sistema actual. Es una lástima que se desoigan y que la tozudez prime sobre el debate técnico, pero a eso se desciende cuando se intenta imponer la mirada única, así toque usar mentiras para soportarlo, algo muy atrevido aun para el presidente colombiano.