Se llegó a acuerdos entre el Gobierno nacional y los manifestantes que mantenían secuestrados a poco más de 70 personas entre miembros de la Fuerza Pública y empleados de la minera Emerald Energy en Caquetá, con lo que se dio por terminada la violenta acción que cobró la vida de dos manifestantes y de un polícia. El repudio del país al maltrato que recibieron los secuestrados no se compadece con las justificaciones para esos hechos que vinieron desde el Gobierno, incluido el presidente Petro. No puede haber tolerancia con ninguna violencia, independiente de su procedencia.
Al final, se acordaron 10 puntos en los que hay representantes del Gobierno, de las comunidades que se levantaron para exigir el cumplimiento de acuerdos previos y el respeto por el territorio y el medio ambiente y con participación de garantes como la Defensoría del Pueblo. Según las comunidades que encabezaban la protesta, la minera ha incumplido los criterios de la concesión, así como las compensaciones ambientales, que tienen mucho que ver con proveer de mejores condiciones sociales el territorio y a las personas que viven en la zona. La compañía ha lamentado que se haya llegado a esta situación y que se permitiera la ocupación de sus espacios.
Después de levantadas las protestas y de que la minera pudo comprobar el estado de las instalaciones ocupadas, se pudo percatar del daño causado a estas por los manifestantes, incluso con haber provocado incendios que logran todo lo contrario de lo que pretenden las comunidades, pues estas conflagraciones terminan por contaminar de manera grave el territorio y las consecuencias son impredecibles a mediano y largo plazo. Toda una paradoja que hace dudar de las verdaderas motivaciones para cometer esas acciones, sobre todo cuando hay señalamientos muy serios en torno a la financiación proveniente de disidencias de las Farc. Asunto que también tendrá que ser investigado.
Nadie puede cometer actos ilícitos como el secuestro y la quema de bienes de terceros y quedarse impunes. Una cosa es el legítimo reclamo que tengan comunidades por considerar que no se cumplen los compromisos, pero cuando se pasa a la violencia, esta no se puede dejar de lado. Quienes asesinaron al policía, quienes cometieron el secuestro, quienes dañaron los bienes ajenos deben responder con todo el peso de la ley. El Gobierno no puede justificar, de ninguna manera, este tipo de actuaciones.
Entre los acuerdos está que habrá mesas bilaterales para realizar un seguimiento trimestral, lo que está muy bien, pero habría sido oportuno que se exigiera a los manifestantes la entrega de quienes cometieron las actuaciones violentas. Preocupa que entre los puntos se acordara que el Gobierno asumirá la financiación de las reuniones para tales seguimientos, ojalá no sea abrir una puerta para financiar la protesta social, como también se ha insinuado en el Plan de Desarrollo. Esto sería lamentable. Una cosa es el respeto por la protesta y otra alentarla con recursos públicos, eso no tiene sentido alguno, como no lo tiene que se justifiquen las acciones violentas, ni que se tome justicia por propia mano y no haya consecuencias..

Así que está muy bien que se tenga un Gobierno dialogante con las comunidades, que vaya a los territorios y las escuche, pero también debería en igual sentido ser suficientemente exigente con el uso de vías legales para tales protestas. No hacerlo es provocar que se sigan presentando situaciones como esta.