Es legítima la preocupación expresada por sectores académicos y gremiales en torno a que haya claridad desde el Gobierno nacional para explicar de dónde van a salir los recursos para darles cumplimiento a los proyectos del Plan Nacional de Desarrollo y de la reforma a la salud. El gasto público se aumentará de manera considerable, según lo dicho hasta ahora, y se piensa que una manera de solventar esto será con el ahorro que se logrará para controlar la corrupción. Esto suena bastante bien, pero no es este el primer Gobierno que promete tal ejercicio y seguro no será el último, lo que ha provocado que el combate a la corrupción se convierta en cantinela.
Hace poco, Transparencia Internacional dio a conocer el Índice de Percepción de la Corrupción 2022, en el que Uruguay volvió a meterse entre los estados con menos corrupción en el mundo, en el undécimo lugar con 74 puntos sobre 100, sitio que comparte con Canadá, Estonia e Islandia. Supera a países tradicionalmente en mejores lugares en esta medición, como Francia, Japón, Reino Unido y Estados Unidos. Desde hace rato esta nación suramericana ha dado pasos agigantados en ser una democracia más moderna. Uno de estos aspectos tiene que ver con la transparencia en la vida pública, incluidas sus normas de acceso a la información.
Este índice lo encabezan Dinamarca (90 puntos), Finlandia (87) y Nueva Zelanda (87) e infortunadamente varía poco. El 95% de los países no han tenido un avance significativo desde hace 10 años. En esa poca variación, Uruguay mejora desde hace rato. Al contrario, en los últimos lugares está Venezuela (177 de 180) con apenas 14 puntos. El vecino país sigue sin levantar cabeza en estos asuntos. Allí todo empezó con un Estado que se convirtió en monopolio en varios aspectos de la producción y que fijó su crecimiento también en gasto público. Hoy vemos que esa prueba salió mal.
Colombia no se aleja mucho de los peores lugares. Repite en el puesto 155 con apenas 39 puntos, muy por debajo de la media. Es una lástima que en nuestro país se siga hablando de combatir este flagelo y se insista cada vez más en la transparencia que cacarean servidores públicos locales y nacionales, pero los resultados no se ven. Tomar los recursos del Estado como botín se ha vuelto costumbre y pocos pagan como culpables. La solución tiene que salirse de la cantinela que cansa y convertirse en acciones demostrativas. Y esto pasa por una transparencia sin miedo de todo lo público. Que la Administración por encima de la mesa sea una constante.

Los países que ocupan los primeros lugares lo logran porque cuentan con instituciones fuertes y, al mismo tiempo, son democracias que funcionan bien y esto pasa por el respeto a otras visiones de Estado, no solo las del Gobierno. La otra cara de la moneda, la de los peor ubicados en el ranking, es de los que enfrentan conflictos políticos o de seguridad, donde las libertades básicas y políticas están restringidas. Con ese contraste, es necesario asumir que la democracia es el mejor camino para buscar estados más justos y esa justicia pasa porque todos seamos conscientes de que lo público nos compete a cada uno de los ciudadanos y que cuidar esos recursos es la mejor manera de superar nuestras dificultades. Practicar la probidad es hacer un mejor país y dejemos de cacarear la transparencia y hagámosla posible.