Tras el intento de autogolpe del ya expresidente Pedro Castillo, de Perú, la crisis política se mantiene en ese país, que ahora es dirigido por Dina Boluarte, quien ocupaba la Vicepresidencia, pero se había desmarcado de las irregulares actuaciones del titular. La decisión antidemocrática de Castillo de disolver el Congreso de la República antes de que fuera votada allí una moción de censura en su contra en la que, casi de manera segura, sería destituido, lo tiene ahora detenido preventivamente y abocado a responder por delitos como rebelión y conspiración.
Nada justifica que en una democracia un presidente trate de desconocer la división de poderes y que se atreva a lanzar mensajes tan temerarios como el de disolver el Legislativo, aun teniendo el respaldo popular, lo que tampoco era el caso de Castillo. El exmandatario peruano, quien desde el momento de su posesión cometió errores que lo llevaron al desprestigio general, ya había sobrevivido a dos mociones de censura, de las que había sobrevivido gracias a que el porcentaje de votos exigido para ello era difícil de alcanzar. Sin embargo, acumulaba ya tantos yerros que su salida de la Presidencia era casi inminente.
El problema ahora es que diversos sectores no quieren tampoco en el Ejecutivo a Boluarte, quien ayer buscaba concretar un nuevo gabinete con miras a mantenerse en el gobierno hasta el 2026. Las tensiones son tales que inclusive son numerosas las manifestaciones callejeras, con bloqueos, que exigen la inmediata convocatoria a elecciones, e incluso lanzan arengas en respaldo a Castillo, de quien dicen que no dejaron gobernar. Es así como la crisis política en el vecino país podría profundizarse, y un desenlace democrático se mantiene en riesgo.
Lo cierto es que los antecedentes de la situación que hoy vive Perú no dan para que se alcance una salida fácil de la actual encrucijada. La inestabilidad política es de vieja data y cada vez parece peor. Debemos recordar que antes de la llegada del izquierdista Castillo, quien evidentemente no estaba preparado para gobernar, se había tenido una seguidilla de presidentes involucrados en graves casos de corrupción y actos antidemocráticos, que los llevaron a responder ante la justicia, desde Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, pasando por las administraciones de Alan García, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski, quien también salió antes de tiempo, en el 2018, ante la contundencia de las acusaciones en su contra. De 2018 a la fecha, la nación andina ha tenido seis presidentes, varios de ellos destituidos por el Legislativo, e incluso procesados, por acusaciones –verídicas o falsas– de corrupción.
Ante la evidente y grave equivocación de Castillo, resulta desacertado que el presidente colombiano, Gustavo Petro, haya salido a pedir la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para que aplicara la Convención Interamericana de Derechos Humanos y expidiera medidas cautelares en favor de Castillo. Las afinidades políticas que pudieran tener ambos mandatarios no pueden hacer que se pierda la perspectiva democrática que se tiene que tener en estos casos. Es claro que el exmandatario peruano tuvo una actitud dictatorial que tiene que ser rechazada con toda contundencia.

Vienen días difíciles para Perú, en los que el gran desafío es hallar una salida institucional que permita, ojalá, la llegada de un gobierno alejado de las polarizaciones entre la ultraderecha y la izquierda radical que han mantenido la crisis política sin posibilidades de salida.