El proyecto de Presupuesto General de la Nación, que se estudia en las comisiones económicas del Congreso de la República, tiene a los congresistas ante varios dilemas, pues no se trata de darle la razón o no al Gobierno que lo presentó, sino que de hundirlo, puede resultar contraproducente en un año electoral, pues se ejecutaría por dictadura fiscal y el Gobierno tendrá de nuevo la sartén por el mango para ejecutarlo de acuerdo con sus propias prioridades sin darles juego a los legisladores para incluir temas clave de sus regiones, que es mucho de lo que se hace en ese trámite.
Hay que recordar que el proyecto original que presentó el Ministerio de Hacienda es por 556,9 billones de pesos y que los llamados a la cordura no se han hecho esperar. Han pedido recortarlo entre 10 y 30 billones para lograr una cifra al menos razonablemente viable. El debate apenas empieza, pero es claro que como ha sucedido en los proyectos anteriores, la falta de rigor técnico para sustentar de dónde vienen las cifras es una constante del actual Gobierno, que hace muy difícil entender realmente el origen de los recursos que dicen sostendrán lo presupuestado.
Durante los anteriores proyectos de presupuesto, el Gobierno se ha empeñado en decir que no hay desfinanciación porque será más eficiente la DIAN en el recaudo, cosa que no ha podido demostrar antes, y, por supuesto, atado a la reforma tributaria -llamada con el eufemismo de ley de financiamiento- para sumar 26 billones de pesos, pero es claro que esta tiene muy pocas posibilidades de salir adelante en un año en que cada uno de los legisladores actúa con cálculo político. Pero no es solo por ser un año preelectoral, sino que es igual de cierto que mientras el Gobierno siga creciendo el déficit fiscal y no muestre signos de corregir el rumbo, resultará muy difícil avalar sus solicitudes en este sentido.
Lo que no está bien es que el proyecto se apruebe o desapruebe por la proximidad con el Gobierno de los congresistas, como ha sucedido tantas veces. Debe haber una mirada juiciosa a cada uno de los aspectos que componen el Presupuesto para poder proponer cambios o mejoras, no desecharlo de antemano. El Congreso es el recinto por antonomasia para generar diálogos sobre las grandes decisiones del país. ¿Jugará el Gobierno a dilatar el debate para poder ejecutar el presupuesto directamente una vez más? Es muy probable, pero también esto podría llevar su reforma tributaria al traste, con lo que obtendría una especie de triunfo pírrico, porque sería un presupuesto mentiroso, lograría el monto definitivo, pero la realidad demostraría que no podrá ejecutarlo.

No será este Gobierno el que organice la casa. Por eso, la campaña presidencial deberá tener muy en cuenta a los candidatos para que se refieran a cómo organizarán las finanzas del país, sobre la realidad del gasto público, teniendo en cuenta la sostenibilidad fiscal en el corto, mediano y largo plazo, para evitar más aprietos en los mercados internacionales, en los que empezamos a ser vistos con precaución, cosa que no sucedía desde hace rato. Por tanto, el Presupuesto General de la Nación no puede ser otro tema de confrontación política, sino un escenario para ayudar a tomar las mejores decisiones para el futuro del país. Pero qué difícil que así se entienda.