Al cierre del 2020 figuraban 4 mil 742 personas reportadas como perdidas en los 27 municipios caldenses, de acuerdo con el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres (Sirdec), del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Solo en La Dorada había un registro de al menos 537 víctimas de desaparición hasta mediados del año pasado, según el Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica.
Hoy no están disponibles cifras oficiales completas acerca de la realidad de ese fenómeno en el departamento, pero es preocupante que el año pasado, hasta el 30 de noviembre, el reporte de personas desaparecidas durante el 2022 es de 217. El desconocimiento del total acumulado se debe a que pese a que LA PATRIA publica cada año, como un servicio a la comunidad, el total de personas que aparecen en esa estadística, la Fiscalía no entregó la información que se le solicitó por diversos canales. Resulta absurdo que una entidad como esa, que debería aprovechar los medios de comunicación para tratar de encontrar vínculos de esas personas con familiares, actúe como si quisiera ocultar esa información, sin motivo alguno.
De otra parte, desde el 2020 hasta abril pasado, la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) logró recuperar 59 cuerpos en los cementerios de Norcasia, La Dorada, Samaná y Victoria, en el oriente de Caldas. Esos cadáveres corresponden a personas que desaparecieron de manera forzada durante el conflicto armado, a finales del siglo pasado y comienzos del actual, y que por años fueron considerados NN.
La posibilidad de que los procedimientos científicos de genética ayuden a identificar cadáveres para entregarlos a sus familiares ayuda, sin duda, a superar dolores profundos en muchas personas, y a cerrar el círculo de violencia que nos ha acompañado por décadas. El hecho de que después de tanta incertidumbre, las familias alcancen la certeza del paradero de un ser querido, así sea con el hecho inefable de su muerte, ayuda a que ganen mucho en sosiego y paz interior.
Otro punto fundamental que debe ser resaltado es que las labores de búsqueda han permitido encontrar errores e irregularidades en el manejo de los cadáveres, inconsistencias en la información ligada a esos cuerpos y posibles desvíos en las investigaciones alrededor de los responsables de esas muertes, y es por eso que en lugar de poner obstáculos, organismos como la Fiscalía deberían facilitar que se conozca todo alrededor de los desaparecidos, a fin de poder acercarse cada vez más a la verdad de lo ocurrido en el conflicto armado. Esa es la única manera de construir una paz de largo aliento en Colombia.

Ante un fenómeno lamentable que sigue ocurriendo, y que ahora podría obedecer a otros factores como la trata de personas, a juzgar, por ejemplo, por el alto porcentaje de mujeres jóvenes en las estadísticas del 2022, es clave tener claro que si un familiar se pierde, sea de manera voluntaria o involuntaria, es vital acudir a las autoridades de manera inmediata, ya que las primeras 72 horas son las más importantes para dar con su paradero, como se establece en el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU), creado en el 2005, pero que poco se conoce.