La intempestiva salida del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de la Junta Directiva del Banco de la República, en plena sesión, constituye un hecho sin precedentes en la historia económica reciente de Colombia y una muestra más del carácter poco dialogante del Gobierno actual, que solo parece ser capaz de conversar con los delincuentes a quienes brinda todas las garantías, pero no con los integrantes de instituciones legítimas que piensan diferente a su ideología. Esta actuación del ministro no es un gesto menor, ni la expresión de una simple diferencia de criterio: es la evidencia de una forma de actuar que no entiende a las razones, sino a las emociones. El Banco Central es una institución que desde la Constitución de 1991 ha sido garante de la estabilidad macroeconómica del país y ha cumplido sus objetivos con capacidad demostrada, aún en contra de la visión de gobiernos anteriores, que también se han opuesto a decisiones de los codirectores y las han criticado, pero nunca en actuaciones tan desobligantes como la que protagonizó el ministro, que luego de su portazo convocó una rueda de prensa para denigrar de la actuación de los funcionarios, que fueron respaldadas por el presidente Petro, muy a su estilo confrontativo.
Es cierto que nuestra Carta Política requiere ajustes en varios frentes, pero no en el diseño de las instituciones económicas precisamente. La independencia del Banco de la República ha permitido que, incluso en medio de crisis políticas o sociales, el rumbo económico mantenga un grado de solidez que ha sido reconocido internacionalmente. Sus decisiones no siempre son populares, pero han evitado que la economía colombiana se convierta en rehén de coyunturas políticas. Hay que tener en cuenta que el riesgo de un aumento de la inflación no es un albur, parte de realidades no solo del país, sino del entorno mundial, incluso los bancos centrales de Europa y de Estados Unidos están tomando decisiones para prevenir una posible alza inflacionista.
El contraste internacional refuerza esta reflexión. En Estados Unidos, las tensiones entre Donald Trump y su secretario del Tesoro mostraron cómo las diferencias entre el poder político y las instituciones económicas pueden generar incertidumbre. En Perú, por el contrario, pese a la inestabilidad política y la sucesión de presidentes en la última década, la economía ha mantenido un desempeño relativamente estable gracias a la autonomía de su banco central, decisión inspirada en buena medida en el modelo colombiano.

La lección es clara: la independencia de los bancos centrales no es simplemente una forma de gobernanza que se quede en el papel, todo lo contrario, es una condición indispensable para generar confianza en los mercados y ayudar a mantener la estabilidad económica. Colombia no puede darse el lujo de debilitar uno de los pilares más sólidos de su institucionalidad. El portazo del ministro Ávila debe ser una advertencia: las diferencias entre Gobierno y Banco de la República son legítimas, pero nunca deben poner en riesgo la autonomía de una institución que ha demostrado ser esencial para el bienestar de largo plazo en las finanzas del país y en el bolsillo de los colombianos.