La crisis en Perú está llegando a un punto en el que es absolutamente indispensable adelantar las elecciones generales. Resulta muy pertinente que la mesa directiva del Congreso de ese país haya presentado un proyecto que busca adelantar para el 15 de febrero el inicio de su segunda legislatura, y así votar pronto el adelanto de elecciones, el cual tiene que pensarse en un término cercano.
El hecho de que las protestas populares, en las que ya se reportan 50 muertos y cientos de heridos entre civiles y policías, en lugar de calmarse se incrementan, muestran un oscuro panorama que viene empeorando desde diciembre pasado, pese a los esfuerzos de la presidenta Dina Boluarte por tratar de establecer diálogos con todos los sectores políticos.
La inestabilidad por la que atraviesan los peruanos es seria y necesita soluciones urgentes, pero también se debe tener claridad acerca de que esta situación no es nueva. El hecho de que la mayor parte de sus expresidentes se encuentren en líos jurídicos e, incluso presos, muestra que en el Perú hay una crisis institucional de enormes profundidades, y que el adelanto de elecciones es apenas el primer paso que debe darse si se quiere dejar atrás todo lo que se ha hecho mal.
Los peruanos votaron hace cerca de dos años por Pedro Castillo, un maestro de escuela izquierdista inexperto en cosas políticas, que logró reunir el inconformismo de las mayorías. Eso lo hicieron al considerar que era el remedio a lo que venía ocurriendo en ese país en los años recientes, pero la demostración de que su elección fue un error producto del desespero, la observó el mundo entero a finales del año pasado, cuando el entonces presidente quiso cerrar el Congreso y adoptar una posición dictatorial en la que no fue acompañado por los militares.
Esperar hasta abril del 2024, como fue aprobado por el Congreso en diciembre pasado, para realizar elecciones generales, es un error garrafal que podría salir muy caro para el vecino país. Dejarlas, incluso, para diciembre de este año parece demasiado lejos si se toman en cuenta las tensiones violentas que se están viviendo.

Estar declarando todo el tiempo, y hasta en Lima, el estado de emergencia, no parece ser la manera más sensata de resolver la crisis que se vive, en la que el ambiente de protesta se incrementa, con el riesgo de que se genere una crisis social, económica y política aún más complicada y profunda. Cerca de 100 puntos bloqueados en carreteras, 18 de ellos principales, evidencia la gravedad de la situación. La violencia va en aumento, y lo que ahora se necesita son fórmulas rápidas y audaces.