Es un hecho sin precedentes en Colombia la solicitud que hizo la Fiscalía General a un juez de control de garantías para darle captura al hijo de un presidente en ejercicio. Nicolás Fernando Petro Burgos, el mayor de los seis hijos del presidente Gustavo Petro Urrego, enfrenta una investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Se teme que el detenido pueda salpicar al propio presidente porque se trata de la acusación de recibir recursos de dudosa procedencia durante la campaña a la Presidencia en el 2022, lo que agravaría más la situación.
Las denuncias fueron hechas por la exesposa de Petro Burgos, Daysuris del Carmen Vásquez, pero ella también recibió orden de captura al verse comprometida en el presunto lavado de activos y en violación de datos personales. Ambos se declararon inocentes y desecharon acceder al principio de oportunidad para reducir penas. Con esto, el caso sigue a juicio. Lo que llama profundamente la atención es que al final de la audiencia de imputación de cargos los dos manifestaron estar dispuestos a colaborar con la justicia. Petro Burgos dijo que revelará supuestos hechos de corrupción de los que tiene conocimiento. Él es diputado del departamento del Atlántico, donde manejó buena parte de la campaña de su padre.
Los testimonios de Vásquez indican que Petro Burgos habría recibido dineros de narcotraficantes, políticos y particulares condenados por corrupción a nombre de la campaña presidencial. Al parecer no llegaron allí, él se quedó con esos recursos y comenzó a darse una vida ostentosa durante su convivencia con Vásquez. Según ella, fueron por lo menos 1.000 millones de pesos procedentes del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como el Hombre Marlboro, precandidato a la Alcaldía de Maicao (Guajira), y de Alfonso Hilsaca Eljaude, El turco, contratista cartagenero vinculado a masacres perpetradas por paramilitares, pero en las que no se ha demostrado su participación.
No se trata de un caso que resuelva el futuro judicial de los implicados en pocos meses; pues este tipo de procesos toman tiempo, porque pasan a juzgados especializados y se presume que habrá una defensa vigorosa por tratarse del hijo del presidente. El mandatario escribió que se asegurará de que este organismo tenga todas las garantías de su parte para proceder de acuerdo con la ley, ojalá lo haga y es lo que se espera de quien ostenta esa dignidad. Además, envió ayer a la Corte Suprema de Justicia una terna de mujeres para elegir de allí a la próxima fiscal General de la Nación, le pidió que contemple nombrar un fiscal ad hoc para los casos que involucren a miembros de su familia y así no haya dudas sobre los nombres que postuló.

Lo que se viene no es fácil. Nicolás Petro como diputado es un servidor público que gana honorarios y deberá demostrar que sus gastos corresponden a lo que recibió, pero si no lo logra, se someterá a una condena por los delitos que le imputan, y ahí se habla de penas mínimas de 12 a 13 años. Si así ocurre, será difícil para su padre en lo personal, por supuesto, y en lo público, pues quiéralo o no, afectará la bandera del cambio con la que asumió este Gobierno. Otro punto que parece olvidado, es el de los señalamientos a Juan Fernando Petro, hermano del presidente, a quien también le endilgan haber recibido dinero de manera ilícita. Las responsabilidades penales son individuales en Colombia, donde no hay delito de sangre, pero va a ser muy difícil que el Gobierno pueda separar este escandaloso tema de su actuar. De la justicia se espera que obre con toda la imparcialidad, la seriedad y la prontitud que exige este caso de alto perfil político.