La prohibición del uso de las drogas ha demostrado tener dos efectos perversos que se convierten en obstáculo para ponerle fin al narcotráfico y sus graves problemas conexos. Por un lado, el enfoque punitivo termina afectando más a quienes las consumen que a quienes las producen y se enriquecen con ese oscuro negocio, y en segundo lugar les garantiza a las mafias poder vender sus productos a costos que les dejan un margen de ganancias tan alto, que están dispuestas a todo con tal de no perder esa mina de enormes beneficios. Así, aunque eventualmente se les den golpes a los capos, siempre habrá otro que llega, inclusive con mayores ínfulas, a manejar el negocio; un círculo vicioso de nunca acabar.

Por eso, lo que debe hacerse es cambiar todo el esquema de lucha contra las drogas, enfocándose en golpear las finanzas de las mafias, y con ello no solo hacer menos atractivo involucrarse en ese negocio, sino que las enormes cifras de dinero que los gobiernos gastan persiguiendo narcotraficantes y consumidores, se podrían enfocar a trabajar en la aplicación de estrategias de prevención del consumo y tratamientos adecuados para los adictos, con un propósito de salud pública. Eso podría bajar los hechos de violencia ligados al tráfico, al mismo tiempo que en el mediano plazo evitar que millones de niños y jóvenes se conviertan en consumidores.

En ese camino, es importante que estados como el colombiano avancen en la regulación del consumo de las drogas, e incluso avanzar más, hasta tener el control total de una situación que afecta a todo el mundo de manera grave. Es así como reglamentar el uso médico y el uso recreativo de la marihuana es un paso acertado y fundamental para avanzar por nuevos caminos que permitan ganarle la lucha al narcotráfico. Así, la aprobación de la plenaria de la Cámara de Representantes, en segundo debate, del proyecto de ley que regula el uso de cannabis recreativo en mayores de edad va en el camino correcto. Todavía falta un trecho legislativo por recorrer, pero hay que exaltar que se imponga este criterio sobre el prohibicionismo.

Además de ser afín al respeto de las libertades que deben estar siempre en primer plano en una democracia, el viraje en la manera de considerar este problema también hace que el negocio de la marihuana deje de jugarse por debajo de la mesa y que el Estado pueda intervenir de manera más directa para ejercer un control. Los consumidores y adictos dejan de ser vistos como delincuentes, para poder ser vistos como personas que podrían también acudir al sistema de salud para buscar soluciones a su problema. Lugares como Uruguay, Países Bajos en Europa, o más de 30 estados en Estados Unidos, que han dado ese paso antes han podido evidenciar con el tiempo que no estaban equivocados.

Es el momento, incluso, de pensar en toda una estrategia para luchar contra toda clase de drogas ilegales, siguiendo pasos similares. Desde luego, que es un asunto que debe llevarse de manera gradual, y que a cada paso es necesario monitorear para no perder el rumbo. No resulta descabellado que se piense más adelante en que las llamadas drogas duras tengan un esquema similar, con el que puedan ser erradicadas las mafias y la violencia cotidiana que se deriva de esa actividad en diversos lugares de Colombia y del mundo, pero que afecta sobre todo a países como el nuestro, y que con un enfoque distinto podría, inclusive, obtener beneficios económicos que ayuden a financiar su regulación.

No podemos seguirnos alimentando de falsos moralismos que lo único que logran es empeorar la situación. Al lado del respeto por las libertades de las personas, otras estrategias como la sustitución de cultivos con gran fomento de la agricultura rentable y productiva, puede cambiar de manera positiva el rumbo de Colombia.