La Corte Internacional de Justicia de La Haya debe pronunciarse, nuevamente, alrededor del diferendo diplomático entre Colombia y Nicaragua por el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el que el país centroamericano hace una nueva intentona por expandir su delimitación de la plataforma continental, con el propósito de arrebatarle a nuestro país y a las comunidades que habitan esas islas decenas de historia al lado de Colombia.
Un fallo anterior de la misma Corte ordenó que los dos países acordaran la delimitación de esa plataforma, pero la ambición sin límites del régimen de Daniel Ortega ha hecho imposible un acercamiento que termine con un acuerdo sensato. La nueva intervención de ese alto tribunal internacional se produce por las presiones desde Managua para tratar de imponer su criterio por encima de lo que ha considerado el Estado colombiano, acerca de la inaplicabilidad de ese fallo, a la luz de la Constitución Nacional.
Para Nicaragua esa plataforma continental extendida debe ir más allá de las 200 millas náuticas, con lo que prácticamente absorbería el archipiélago, en contra del espíritu de la decisión del 2012 que mantuvo en manos de Colombia las islas del archipiélago. Lo grave es que la Corte ha terminado accediendo a las pretensiones nicaragüenses en momentos anteriores, pero se mantiene la esperanza de que esta vez su posición sea más objetiva frente a ese diferendo, y considere de mejor manera los argumentos presentados por los representantes del Estado colombiano ante ese tribunal.
Ortega no se ha podido resignar a que la soberanía sobre el archipiélago se mantenga en manos colombianas, así se haya ratificado ya por la misma Corte de La Haya. Por eso, también ha hecho todo lo posible para obstaculizar la tarea pesquera de nativos colombianos, raizales, que vienen siendo desplazados de las áreas del océano que siempre han usado para su actividad económica. Además, pareciera que, sin tener en cuenta el necesario cuidado ambiental, Nicaragua busca cambiar la vocación de esa porción de mar para hacer exploraciones de hidrocarburos.
No está fácil para Colombia lograr un resultado positivo en ese tribunal, que en cada uno de sus dictámenes pareciera estar dispuesto a darle la razón al régimen de Ortega, sin tener en cuenta la tradición histórica colombiana en ese lugar, así como las actividades ancestrales de pesca, y las necesarias operaciones de seguridad en una zona que en el pasado ha tenido antecedentes de uso del océano para el tráfico de drogas.

Ojalá que la Corte se pronuncie en derecho y tomando en cuenta todos los aspectos, principalmente aquellos que podrían perjudicar a los pescadores raizales que no deberían sufrir ningún tipo de limitación geográfica caprichosa en sus actividades. Acceder a las pretensiones nicaragüenses no solo causaría estos perjuicios, sino que generaría un antecedente peligroso que podría conducir a graves conflictos de delimitación marítima en otros lugares del mundo. Las pretensiones de Ortega no pueden, de ninguna manera, ser amparadas por la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar, que Colombia no ha ratificado, como norma consuetudinaria.