Quedó para conciliación de Cámara y Senado el proyecto de ley que avala la propuesta que el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha llamado “paz total”. Con este nuevo marco legal se facilita la posibilidad del Ejecutivo para negociar con los actores armados ilegales, algo en lo que el mandatario viene insistiendo, no solo para lograr la desmovilización de guerrillas como el Eln, sino incluso para lograr el desarme de estructuras criminales no políticas, como el Clan de Golfo, entre otros grupos violentos.
La nueva norma lo que hace es darle al gobierno las herramientas para conversar con los alzados en armas sin salirse de los parámetros establecidos en la Constitución Nacional. Con su aprobación será posible que los representantes del gobierno cuenten con bases legales que les permita llegar a acuerdos con toda clase de organizaciones criminales, para cesar la violencia y comprometer a los miembros de esas estructuras para que no delincan más. En esto hay que tener especial cuidado con las disidencias de las Farc que tuvieron la oportunidad de acogerse al Acuerdo de La Habana y lo menospreciaron, porque a ninguno de esos grupos se les puede dar más de lo que ya se pactó en el 2016.
No obstante, el espíritu de la nueva norma es que la paz es mucho más que lograr la desarticulación de actores armados con estatus político, al extenderse al área de las políticas de sometimiento a la ley de grupos del crimen organizado y de alto impacto. La ambiciosa visión de alcanzar la paz total se extiende así a buscar, por las vías del diálogo, acabar con el narcotráfico y la minería ilegal, lo cual ha sido visto con reserva desde algunos sectores que temen que esta iniciativa caiga en un estado de impunidad total ante crímenes horrendos cometidos a lo largo del conflicto armado y los más recientes fenómenos de violencia.
También hay temores acerca de los alcances que puedan tener este tipo de negociaciones, en las que graves delitos vinculados con el narcotráfico, la minería ilegal y toda clase de violaciones a los derechos humanos podrían terminar cobijados con beneficios, como la reducción de penas, a cambio de información, entre otras gabelas. Será clave la reglamentación que haga el gobierno sobre esta ley para conocer el impacto que tendrá para el orden legal. Por lo pronto, es evidente que la Fiscalía pierde algunas atribuciones que ahora serán responsabilidad del Ejecutivo en el ámbito de la negociación de paz.
Lo principal es que los líderes sociales y defensores de derechos humanos dejen de ser asesinados en Colombia, y que las comunidades que actualmente viven en zozobra en diversas regiones del país puedan dedicarse a trabajar por su desarrollo sin estar bajo la permanente amenaza de los violentos. La paz total debe ser exactamente eso, que la gente del común tenga razones para convivir sin poner en riesgo su vida y buscando el beneficio general, y que se puedan debatir ideas y defender posiciones sin que eso implique la muerte.

En esto, lo fundamental es que el Estado haga presencia en los territorios e impida que otros, generalmente por la fuerza, terminen dominando territorios y arrinconando a las comunidades, porque no hay una institucionalidad a la que las personas puedan acudir a buscar soluciones a sus problemas. Por el bien del país hay que confiar en que este proceso de llegar a la “paz total” sea exitoso y que los efectos de su aplicación impliquen un cambio profundo de la sociedad colombiana, a ver si es posible dejar atrás, por fin, tantas décadas de violencia, pero los riesgos de que las cosas no salgan bien son innegables.