Desde hace mucho tiempo se espera en Colombia una reforma política de fondo,  que ayude a eliminar costumbres y actuaciones que fomentan la corrupción y manchan el sentido de la política, impidiendo que sea, en realidad, un servicio público. Lo ocurrido en la plenaria del Senado el pasado lunes pareciera indicar que llegó ese momento, y que es posible avanzar en cambios estructurales que abran nuevos y mejores caminos. 
Un cambio fundamental tiene que ver con la financiación, que quedaría como exclusivamente estatal y entregada directamente a las organizaciones políticas, no  de manera individual. Los privados solo podrán aportar recursos a un fondo común que se tendría que usar de manera equitativa para todos. Esto viene acompañado de la garantía de transporte gratuito, financiado por el Estado, el día de las elecciones. Ambas decisiones apuntan a acabar con algunas de las actividades más corruptas que se tienen hoy en la política. Lo que no prosperó fue la obligatoriedad del voto.
También es importante que se limite a tres períodos la permanencia de una persona en una corporación pública específica, y que se amplíen las condiciones para poder migrar hacia otras colectividades, igualmente que se fijen reglas claras acerca de cómo deben funcionar los partidos y la obligatoriedad de cumplir con reglas mínimas de democracia interna, lo cual también ayuda a atajar posibles fenómenos de corrupción.  
El hecho de que se tengan listas cerradas y se elimine el voto preferente también debe ayudar a que la corrupción en la política sea cada vez más difícil de que aparezca. La paridad en la conformación de listas, por un tiempo determinado, también ayudará al surgimiento de nuevos liderazgos femeninos,  lo cual es de gran importancia para tener cada vez un país más justo y con variadas visiones de lo público.  
Lo que sí será muy negativo, en caso de que se mantenga en los próximos debates que deberán surtirse en la plenaria de la Cámara y en los posteriores, hasta completar ocho, por tratarse de una reforma constitucional, es que los congresistas puedan ser nombrados por el Ejecutivo, como convertirse en ministros o acceder a cargos diplomáticos. Eso es algo delicado porque abre la puerta a que se use el poder central para manipular a algunos miembros del parlamento, entre otras distorsiones, y a que los elegidos traicionen a los electores, que depositaron su voto para un período y cargo determinado, y no para que se puedan hacer otro tipo de transacciones bajo la mesa.

Es clave que la discusión sea seria y honesta y que no se introduzcan talanqueras que puedan obstaculizar el objetivo principal de depurar la política. Ojalá que esta vez, después de tantos intentos fallidos por cambiar la política desde adentro, se llegue a un esquema con reglas de juego que la hagan un ejercicio en el que estén,  en realidad, los mejores hombres y mujeres del país,  aportando sus mejores ideas y actitudes en la construcción de una nueva Colombia.