Actuar con indiferencia y disponer de la vida de otro ser humano hasta permitirse acabarla debe ser castigado por la ley, cualquiera sea el actor que lo cometa. Tan execrable es la violencia que proviene de actos de las Farc, del Eln, de las autodefensas, del narcotráfico, como la que proviene de abusos de agentes de la fuerza pública con el ánimo de mostrar resultados o de encontrar ascensos entre militares y policías.
La Fiscalía pone otra vez en el temario nacional las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, mal llamadas falsos positivos porque son muertes que no tienen nada de falso, son tan dolorosas como las que cometen los guerrilleros; ni significan algo positivo para nuestra sociedad. La Fiscalía General de la Nación, como parte del trabajo que realiza con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), llamó a indagatoria a seis generales en retiro del Ejército, por responsables de delitos de homicidio en persona protegida en hechos ocurridos entre 2004 y 2008 que dejaron por lo menos 146 víctimas mortales de este tipo de ejecuciones. Ese es el periodo de mayor recurrencia de este tipo de violencia en el país, arrojando al menos 6 mil 402 víctimas, según la JEP.
La investigación la adelantan fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia por el fuero de los militares. La medida fue anunciada por el fiscal General, Francisco Barbosa, al concluir una reunión el martes en Bogotá con Karim Khan, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), como avance en la lucha contra la impunidad en procesos de violación a los derechos humanos y buscando el esclarecimiento de los hechos. Khan aseguró que Colombia no es un estado fallido y que no hay necesidad de que la CPI asuma investigaciones, como les solicitó el Gobierno Petro, porque en el país son suficientes las instituciones judiciales para hacerlo. Sin embargo, anunció que abrirán una oficina en Colombia para apoyar la labor de la JEP, lo que es un espaldarazo a la labor judicial, aunque advierte que estarán vigilantes.
Al Ejército y la Policía Nacional, por su función de defensa de los colombianos, un agradecimiento al esfuerzo, arrojo, dedicación y sacrificio que hacen para protegernos en los territorios. Eso sí, para los integrantes de instituciones como estas total rechazo cuando incurren en presiones para medir sus resultados en muertes o bajas en combate; someten a su personal al ocultamiento de crímenes, que se consideran de lesa humanidad al violar derechos humanos, o abusan del poder que les confiere el Estado para doblegar a su antojo a ciudadanos y comunidades débiles y vulnerables.

La ley debe actuar con todo su peso cuando un miembro de la fuerza pública comete violencia contra civiles, en muchos casos haciéndolos pasar por guerrilleros o por colaboradores de los grupos armados. Se debe condenar siempre la aplicación de justicia por mano propia y será más condenable si quienes se comprometen a cumplir la ley, son quienes deciden violarla. De este llamado a indagatoria de los seis generales en retiro deben salir resultados concretos, no sea que se conviertan en simples anuncios, pasen los años y el país se siga quedando sin saber la verdad de lo que ocurrió en medio de la crudeza del conflicto. Eso sí, deberán ser oídos y vencidos en juicio y con el respeto a su debido proceso.