Nada iguala el dolor de cualquier desaparición de un ser humano, y si es forzada y producto del conflicto, peor. Es caer en el mundo de lo desconocido, en el que no hay explicaciones ni pistas familiares, ni personales, ni comunitarias, ni de la justicia, ni de los grupos armados siquiera; hunde a las familias y a las poblaciones en un mar de dudas y preguntas que pocas veces logran resolver. Es sentirse impotente para actuar frente a lo ocurrido y somete a las víctimas a que pase el tiempo sin saber nada de la suerte de un familiar, de un vecino, de un amigo, de un compañero de trabajo. Es una situación que sobrepasa la violación de derechos humanos y fundamentales y golpea a la sociedad completa. La Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) señala que en Colombia están desaparecidas 90 mil 88 personas, registradas en bases de datos del Sistema Integral para la Paz. El Centro de Investigaciones sobre Conflicto, Violencia y Construcción de Paz, de la Universidad de Caldas, exhibió el viernes 3 mil 800 imágenes de desaparecidos entre el 1 de enero del 2009 y el 31 de diciembre del 2022 en el Eje Cafetero y Valle del Cauca. Lo que dice Medicina Legal frente a Caldas es que a hoy siguen desaparecidas en los 27 municipios del departamento 3 mil 472 personas, 2 mil 175 al parecer de manera forzada y 88 por reclutamiento ilícito. Las 1.209 restantes son por otros tipos de desaparición.
Cualquiera sea la cifra que se tome como referencia, escandaliza y pone los pelos de punta al considerar que es como si en un abrir y cerrar de ojos dejaran al municipio de Marulanda desolado, sin un solo habitante, el censo de población DANE estima que tiene 3 mil 410 pobladores. También da escalofrío cuando entre los desaparecidos no solo hay hombres y mujeres adultos, sino también adolescentes y niños que un día salieron de sus casas y pasados los años no han regresado ni se conoce de su paradero. Esto está sucediendo en medio del recrudecimiento del conflicto armado en Colombia, porque se ha ratificado que grupos guerrilleros y armados como Farc, Eln, Auc y los dedicados al narcotráfico siguen reclutando menores de edad para engrosar sus filas.
Frente a este fenómeno en la región figuran en lo corrido de este 2023 tres municipios sobre los que se deben centrar todas las acciones: La Dorada (576), Riosucio (477) y Samaná (331). Son los que más registran desapariciones forzadas en Caldas, muy por encima incluso de Manizales, su capital. Se sigue repitiendo la ocurrencia de estos hechos en territorios con extensas zonas rurales y apartadas, con comunidades indígenas y poblaciones vulnerables al conflicto armado. Sitios a donde el Estado sigue sin llegar y poco se entera de lo que sucede, o donde impera el silencio como pasaporte para poder conservar la vida. Todo ello favorece cualquier tipo de desaparición, les facilita a los violentos disponer de la vida a su antojo.

La UBPD fue creada por el Acuerdo de Paz Gobierno-Farc en el 2016, y en el Gobierno de Gustavo Petro, que promueve una política de paz total, juega un papel fundamental en este entramado en que se ha convertido la búsqueda de la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición. Los grupos al margen de la ley son responsables de masacres, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, extorsiones, bombardeos, amenazas, violencia sexual; además al Estado también le endilgan prácticas de tortura, abusos, detenciones arbitrarias, corrupción. Todos, delitos que han promovido la desaparición en el país, una forma de violencia que produce sufrimiento prolongado en la sociedad completa.