Aristóteles dijo: “Cada uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras”, y es útil para interpretar lo que pasó esta semana con los pronunciamientos de miembros del Gobierno nacional; desde el presidente Petro, algunos ministros y hasta el embajador de Colombia en Nicaragua. No sabemos si lo hicieron por salirle al paso a situaciones difíciles que tuvieron que enfrentar, el hecho es que fueron declaraciones oficiales, en contextos públicos y poco pueden hacer ya para echarse atrás.
La Convención de Viena para los diplomáticos no plantea que son obligaciones propias de un embajador y parte del relacionamiento dentro del protocolo entre gobiernos participar de manifestaciones internas, pero así justificó León Fredy Muñoz, embajador de Colombia en Nicaragua, su asistencia, con insignias propias de los revolucionarios, a una marcha para celebrar la revolución sandinista y en favor del régimen del presidente Daniel Ortega, reconocido por violaciones a los derechos humanos. Ocurrió a seis días de que la Corte Penal Internacional emitiera fallo en el litigio con Colombia sobre límites marítimos en San Andrés.
Escozor causó la semana pasada que Iván Velásquez, ministro de Defensa, haya calificado como “un acto de imprudencia” el que una sargento del Ejército condujera “sola” su vehículo particular por vías de Arauca, llevando como pasajeros a sus dos hijos, recorrido en el que fueron secuestrados por guerrilleros del Eln. ¿No será más bien un acto de terrorismo de ese grupo armado y que el Ministerio debería estar evitando? Por fortuna fueron dejados en libertad, pero no se puede llamar imprudencia al derecho a la libre movilidad.
O más bien fue imprudente el ministro de Comercio, Germán Umaña, al expresar esta semana como invitado a un foro sobre política de reindustrialización, que realizó la Universidad del Rosario en Bogotá, que “no puede ser que nuestras mayores exportaciones de servicios sean de paramilitares”. Señor ministro, la mayoría de industriales y empresarios en el país han hecho ingentes esfuerzos para sostener la economía, trabajan con sus propios capitales hechos a pulso y alejados de dineros oscuros del narcotráfico y del paramilitarismo.
Fue desaguisada la declaración del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en una rueda de prensa el miércoles hablando de los incrementos en los precios de los combustibles en el país. Reconoció que el diésel debe empezar a subir, como ha hecho la gasolina, lo que ocurrirá a partir de noviembre. “Por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral”, afirmó. ¿En serio el factor político tiene relación con la fórmula para el aumento de precios, o es que hay intereses electorales de por medio?

También resultó preocupante que el presidente Petro haya dicho en su visita a Buenaventura que les van “a pagar a los jóvenes por no matar”, como complemento del programa Universidad en el territorio. Su ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, salió al paso y aseguró que se trataba de una metáfora. Sumó a todo esto, la resolución que expidió Petro en la que ordena en su artículo 3 a los funcionarios del Gobierno tener un lenguaje “respetuoso” con el Eln y que las referencias que se hagan de este grupo en los actos administrativos serán como “organización armada rebelde”. Fuerte esta semana con las frases que salieron del Gobierno nacional, que a días de cumplir su primer año ya debería aprender a no ser esclavo de sus palabras.