Amenazar a las empresas que prestan el servicio en el país con ser intervenidas o dejando en el aire la idea de que pueden ser asumidas por el Gobierno es un mal mensaje. 
Se cumplieron hace poco los 30 años del fin de la hora Gaviria, en el Gobierno de César Gaviria, cuando la sequía y la tardanza en poner en ejecución proyectos de generación pusieron a racionar el consumo. Recordar esto es importante, porque desde entonces se crearon las condiciones para que el sistema de energía colombiano fuera un ejemplo para el resto del continente, sobre todo, por su confiabilidad.
En estos días, el Gobierno nacional, desde la cuenta de Twitter del presidente Petro, su nueva forma de notificación pública, y desde la Superintendencia de Servicios, que como todas las superintendencias depende de la Presidencia, se ha insistido en la necesidad de que se reduzcan las tarifas de energía para los usuarios. Enseguida llegó la queja porque no se acata esta sugerencia. Es cierto que las tarifas en Colombia están caras y se deben buscar las maneras de reducirlas. La Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) hace muy bien su tarea de proteger a las empresas, pero parece poco preocuparse por el bolsillo de los colombianos, su función esencial.
No obstante lo anterior, amenazar a las empresas que prestan el servicio en el país con ser intervenidas o dejando en el aire la idea de que pueden ser asumidas por el Gobierno es un mal mensaje. El Gobierno tiene cómo lograr que estas empresas, sobre todo las que están abusando, se regulen. Cuenta con instrumentos legales y políticos que puede usar, pero no está bien agitar la bandera de la retaliación, pues la mayoría de esas compañías lo han hecho muy bien y hoy se cuenta con suministro de energía de calidad en territorios del país a los que antes parecía imposible llegar, los apagones cada vez son más escasos y la regulación para proveer el servicio ha funcionado, tanto que la exportación de excedentes es una realidad. Al final del Gobierno Duque se había reactivado la idea de exportar energía a Centroamérica.
Son asuntos distintos. Claro que hay que buscar la manera de reducir las tarifas de energía que están pesando y mucho en la canasta familiar, y hace bien el Gobierno en llamarles la atención a las empresas para que busquen las formas de que sus eficiencias administrativas se traduzcan en un menor cobro por kilovatio para los ciudadanos, y también hay que trabajar en que en zonas del país donde no se acostumbra pagar facturas, donde conectarse al poste es moneda corriente, donde intentar presionar con cortar el servicio es casi imposible, se asuma la responsabilidad ciudadana.

Otra cosa es que se hable de oligopolios y se muestren los dientes para sembrar la duda de que podría incluso llegar a expropiaciones, lo que resulta ilógico teniendo en cuenta que algunas son incluso públicas. El llamado al Gobierno es a cumplir su función dentro de la ley y a las empresas, a pensar en los usuarios. Y lograr el resultado es posible con decisiones técnicas y oportunas.