Nada más perverso que tener identificado un problema y definida su solución, pero que ninguna autoridad haga algo para ejecutarla. Lo decimos porque en Manizales se dejó crecer desaforadamente, sin ordenamiento, ni normatividad el uso de las terrazas y antejardines para fines comerciales en casi todos los barrios, aunque es notorio en Milán, Palermo, La Enea, Chipre, La Estrella y El Cable. En la Alcaldía de José Octavio Cardona se puso a consideración del Concejo el famoso proyecto de acuerdo 111 para regular el uso del espacio público, pero se hundió por protestas de comerciantes, toda vez que el cobro de la compensación era excesivo. Hay que buscar el justo medio.
Buscaba cobrar un impuesto por el aprovechamiento económico del espacio público para comerciantes formales e informales, como lo hacen Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, por citar algunas ciudades, pues no se trata de un embeleco. El Artículo 114 del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Manizales daba plazo de un año al alcalde (a partir de agosto del 2017) para regular vía acuerdo el uso del espacio público, pero no se ha cumplido. No lo hizo la anterior Administración, que estuvo hasta el 2019 y fue laxa en otorgar permisos en estos espacios; ni la actual, de Carlos Mario Marín, que llegó en el 2020 y está a menos de tres meses de concluir y anuncia para diciembre un estudio técnico que ayudará en esta materia.
Se trata de una retribución justa para la ciudad, porque se está usufructuando económicamente un espacio sin pagar por ello y así han permanecido en este último quinquenio. Tampoco se ha medido y mucho menos controlado a quienes se instalaron en forma invasiva con construcciones en áreas donde deberían transitar peatones y vehículos, pero están ocupadas como el caso de las bahías frente al Monumento a Los Colonizadores, con un fallo judicial por cumplir. No es justo que mientras haya comerciantes que pagan todos los impuestos de ley, otros sigan tranquilos extendiendo sus locales porque el Municipio ha sido permisivo. Cualquier reglamentación debe contemplar hasta dónde se pueden ocupar estos espacios, tipos de construcción que se van a permitir y cobros por tamaño de uso.
Los vecinos de estos comercios, en su mayoría bares, gastrobares y restaurantes, son actores que poco o nada ha tenido en cuenta la Alcaldía. Este tipo de negocios se abrieron en los barrios residenciales amparados en modificaciones al POT en el Concejo, que definieron un uso del suelo mixto. Lo malo es que llegaron sin respetar a los vecinos que necesitan dormir, descansar, movilizarse; que también pagan costosos impuestos. Los locales generan niveles de ruido, impactan la calidad del aire con los vapores de sus cocinas, afectan la movilidad para entrar y salir de las residencias, y ni qué decir de la alteración del orden público como viene pasando en Milán sin que exista autoridad que los proteja.

La Cámara de Comercio de Manizales está de acuerdo con que hay que apuntarle a una nueva modificación del POT para corregir todo lo que está bajo la ley, pero del desorden. Ojalá quienes lleguen como alcalde y concejales de Manizales para los próximos cuatro años vean en este problema una urgencia y tramiten un proyecto que, sin lesionar a ningún comerciante desde lo tributario imponiendo onerosas cargas, sí haga cumplir las normas que obligan desde hace seis años a la Administración municipal, pero nadie ha hecho algo por resolverlo. Por eso lo que hoy impera es la anarquía en el espacio público de Manizales.