“El destierro es un asunto medieval, es un asunto muy primitivo”, así definió el escritor y exvicepresidente de Nicaragua, Sergio Ramírez, la sentencia de la que fue víctima con otros 90 conciudadanos, que se suman a una larga lista de personalidades de ese país, cuyo único delito fue oponerse al régimen de Daniel Ortega. Desarraigar a las personas de su terruño es una manera de quitarles un derecho fundamental a tener asidero en un lugar, es parte del concepto de la dignidad humana. Resulta desconcertante que en pleno siglo XXI, una nación que ha luchado por su autodeterminación, que ha combatido contra la barbarie, tenga al frente de su presidencia a un personaje dictatorial. Este régimen es indigno y causa indignación que use el poder del Estado para abusar de él, mientras la comunidad internacional no encuentra cómo detener sus exabruptos. Ante la tibieza ya conocida de gobiernos como el de México, Venezuela, Argentina, al que ahora se suma Colombia de manera vergonzosa.
La soberanía de un país se debe respetar, por supuesto, pero lo que no puede tolerar un mundo solidario es pasar por alto desafueros como este. Se trata de un Gobierno que viola sistemáticamente los derechos, como en Venezuela. Permitirlo y silenciarse es simplemente cohonestar con esas maneras non sanctas de gobernar con mano dura. Resulta por lo menos paradójico que Colombia la emprenda contra la Policía y el Gobierno peruanos por los excesos para reprimir las marchas en el vecino país, pero haya tardado tanto para condenar la barbarie de Daniel Ortega. Tiene que haber una postura en defensa de la democracia, de los más fundamentales derechos de los nicaragüenses. Además, no se puede olvidar de las intenciones imperialistas que tiene ese país para apoderarse de buena parte del mar colombiano.
No cabe duda de que Nicaragua es hoy una dictadura. Seguirla tratando como una democracia es simplemente no darse cuenta de que allí no hay división de poderes, de que no hay oposición por las detenciones políticas, de que se aplican procesos sumarios, se cierran medios de comunicación independientes y se violenta a los dirigentes contrarios al poder. Una y otra vez, Daniel Ortega ha forzado interpretaciones de la ley y la Constitución, con el único fin de perpetuarse en el poder, para gobernar con su visión sesgada del mundo. Se está con él o contra él. En su reducida capacidad de ver las cosas solo en blanco y negro, terminando por convertirse en un autócrata de la peor calaña.

Lo más triste es saber que ese libreto se repite en Venezuela desde hace rato y poco o nada se ha podido hacer, a pesar de las intentonas en su momento de algunos países por aplicar la carta democrática. Los que pagan los platos rotos por estos excesos de los regímenes no son otros que los ciudadanos de a pie, quienes ven con impotencia, cómo democracias supuestamente consolidadas como México, Argentina y Colombia, hacen poco para exigir respeto por los derechos humanos en ese país centroamericano. Escuchar a quienes les quitaron el derecho a tener una nación llena de empatía, pues se trata en la mayoría de los casos de intelectuales cuyo único delito ha sido oponerse a Ortega, nunca a su país, pero ya sabemos que los caudillos creen que ellos son la Patria. Nada más alejado de la realidad, la Patria son los ciudadanos y la seguirán llevando a donde les corresponda. Al menos, Colombia le ofreció la ciudadanía colombiana a Sergio Ramírez, en donde fue embajador, pero qué hacer con los demás apátridas creados por un Gobierno ilegítimo con base en una ley ilegítima. Nuestro Gobierno podría hacer más para presionar que retorne la democracia a los nicaraguenses.