Por videollamada desde una prisión de Estados Unidos, donde se encuentra preso por el delito de narcotráfico, el temible comandante paramilitar Salvatore Mancuso participó durante cuatro días de una audiencia pública con magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Justicia Especial para la Paz (JEP) y con víctimas en calidad de oyentes. Busca, con las declaraciones que entregó, ser aceptado por esta jurisdicción y demostrar que actuó como punto de conexión entre las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y la Fuerza Pública durante el conflicto armado en Colombia.
Lo que viene dentro de la JEP es confirmar si es cierto todo lo que dijo este paramilitar: que políticos, empresarios, miembros de la Fuerza Pública, medios de comunicación y exfuncionarios del Estado tendrían que rendir cuentas ante la justicia y someterse a las sanciones a que den lugar, sin importar las investiduras. Para algunos, lo dicho por Mancuso no representa novedades frente a lo que ya había contado ante la justicia ordinaria y la Jurisdicción de Justicia y Paz hace más de una década. Lo ven más como un intento del exparamilitar de ingresar a procesos de justicia transicional por los delitos violentos que cometió al comandar las autodefensas y que, en caso de una posible extradición a Colombia, porque ya cumplió su condena en Estados Unidos, pueda ser beneficiado regresando incluso en libertad.
Mancuso ventiló que el exvicepresidente Francisco Santos los habría buscado para conformar un bloque de autodefensas en Bogotá y repeler células urbanas de las Farc. Expresó que participaron en las campañas y elecciones presidenciales de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe y del fallecido Horacio Serpa. Afirmó que en el 2003, siendo presidente Uribe le quitó al alcalde de El Roble, en Sucre, el esquema de seguridad y los paramilitares lo mataron. Señaló al Gobierno de Ernesto Samper porque a través de altos mandos militares y funcionarios sabían de una falsa desmovilización del Epl dirigida a que sus miembros ingresaran a las Auc.
Santos, Pastrana y Uribe se defendieron, negaron y rechazaron todo. La familia Serpa se pronunció confiada en que la justicia con sus decisiones le devuelva el buen nombre de su padre. El ventilador de Mancuso también salpicó a empresas del país, aunque todavía este paramilitar no suministra a la JEP nombres de quienes hicieron contactos con las Auc para su financiación. Mencionó a miembros y exmiembros de la Fuerza Pública protagonistas de falsos positivos y masacres cometidas por paramilitares. También habló de la desaparición y asesinato de unas 200 personas en manos de las autodefensas en la frontera entre Colombia y Venezuela.

En derecho los testimonios por sí solos no deben ser tenidos en cuenta. Esta prueba deberá entrar a contextualizarse con otras y hacer que la justicia haga lo que le corresponde, recaudar las pruebas en los sitios, cruzar los datos y llegar a una verdad completa. En un país como el nuestro, buena parte de la verdad la tienen los delincuentes, pero lo que digan debe recibirse con beneficio de inventario. Algunos han demostrado que buscan es ganar beneficios de la justicia que contribuir al esclarecimiento de los hechos de los que fueron protagonistas. Eso obliga a los magistrados de la JEP a ser muy rigurosos en la etapa probatoria para poder llegar al fondo de esta historia, y que no sea el testimonio, la única verdad.