En Colombia no se deja de sentir frustración porque a pesar de advertir tragedias, conflictos y problemas, los gobiernos en actitud de letargo permiten que ocurran, y actúan cuando ya es demasiado tarde. Lo que está sucediendo en el departamento de Chocó se ajusta a esa dura realidad. Allí, lejos de la comodidad de las ciudades, sin presencia de muchas instituciones y sin el control estatal necesario, la guerrilla del Eln sigue haciendo de las suyas como parte de una disputa territorial con el Clan del Golfo o Autodefensas Gaitanistas. En medio quedan las comunidades indefensas, a pesar de que lo alertaron.
El 6 de este mes entró a regir por decreto del presidente Petro el cese al fuego bilateral con el Eln y con ello quedaron suspendidas las operaciones militares en su contra. Ese mismo día cuestionamos sobre cuál es la paz que pretende esta guerrilla, pues como lo ha hecho en otros procesos que intentan cesar el conflicto, esa semana secuestró, mató e infundió terror con explosivos en Norte de Santander. Además surgía la crisis en Chocó, donde ni los llamados de los alcaldes, del gobernador y de las personerías fueron escuchados hasta esta semana que se desbordó la situación.
La Oficina del Alto Comisionado para la Paz les exigió al Eln y al Clan del Golfo permitir el tránsito de personas y de ayuda humanitaria al sur de Chocó, donde por lo menos 9.000 colombianos de 52 comunidades negras e indígenas en los municipios de Sipí, Nóvita, Istmina y Medio San Juan llevan un mes y medio desplazadas o confinadas por este paro armado. A pesar de que el Eln anunció que habilitaría un corredor temporal para dejar pasar a personeros y ayuda humanitaria, quienes la llevaban escucharon disparos de enfrentamientos y les tocó regresarse.
Esto se considera una clara violación del Derecho Internacional, y el Gobierno tiene que acudir a Chocó para garantizar la protección de las víctimas, así como lo hizo en La Guajira, por problemas de hambre y falta de agua, y en Buenaventura (Valle del Cauca) que enfrenta una nueva crisis de seguridad por la presencia de grupos armados y estructuras criminales. La Defensoría del Pueblo llamó al Eln a ponerle fin a este paro armado en el sur de Chocó y a trabajar en lo que le aporte a construir la paz, sin poner en peligro la integridad y la vida de los civiles. En este punto, no se sabe si es con ese tipo de advertencias como se logrará el cese al fuego con esa guerrilla o si la estrategia es más bien ponerle un ultimátum si en un tiempo prudencial no cumple, pues no hay garantías para continuar dialogando.

Nada de esto tiene que ver con torpedear el proceso de paz total que anhela y busca consolidar el presidente, Gustavo Petro; todo lo contrario, la paz se volvió una necesidad urgente en Colombia, pero debe partir de que todas las partes cumplan lo pactado. Porque si no hay paz, no hay calidad de vida para todos, de norte a sur y de oriente a occidente; no hay inversión ni capital suficientes para ejecutar obras y generar empleo; no hay tranquilidad en la población para movilizarse y ganar el pan de cada día. Algo cierto que dijo la Defensoría es que debe haber coherencia del Eln y no llamar a confusiones. Nos sumamos.