El comunicado conjunto de los gobiernos de Colombia, Argentina, México y Bolivia, en respaldo al expresidente peruano Pedro Castillo, es totalmente desacertado, y el hecho de que el presidente Gustavo Petro firme ese documento es algo reprochable, ya que no puede perderse de vista que Castillo actuó como un autócrata al intentar disolver al Congreso de su país antes de ser destituido. 
Dirán algunos que al exmandatario inca no lo dejaron gobernar sus opositores, que desde un comienzo quisieron tumbarlo, pero en una democracia es natural que la oposición quiera expresarse siempre haciendo ver los errores de quien esté en el poder. No hay nada ilegítimo en que sus oponentes políticos criticaran cada una de sus acciones, que en muchos casos fueron equivocadas en demasía, lo que se evidencia en el permanente cambio de su gabinete y en las fundadas denuncias por corrupción de las que se le señala. Si no hubiese errado tanto, ninguna de las mociones de censura en su contra hubiera fructificado, pero sus fallas fueron múltiples.
Además, la manera como quiso evadir una decisión democrática en el Legislativo, pisoteando la institucionalidad y la democracia, fue propia de un dictador. Si bien la crisis política actual en Perú es difícil y preocupante, y viene desde hace años, la situación sería más caótica y compleja si Castillo se hubiera salido con la suya con el autogolpe que habría conducido a un gobierno de facto. Ningún demócrata del mundo tiene razones valederas para respaldar a un autócrata.
El presidente colombiano debe entender que el hecho de que haya afinidades ideológicas con Castillo no debería llevarlo a solidarizarse con actitudes que deberían ser rechazadas por cualquier demócrata, por más cercanía que se sienta en el ámbito de las ideas políticas. Tampoco puede caer en el error de, simplemente, seguir las actitudes y orientaciones del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien ha fungido de protector también del nicaragüense Daniel Ortega, otro mandatario latinoamericano claramente autoritario.
Al expresidente Castillo lo que le espera es un juicio que debe enmarcarse en lo legal, con el consiguiente respeto de sus derechos. Sin embargo, lo que no puede tener es la posibilidad de evadir sus responsabilidades. La supuesta defensa de la voluntad popular no puede, de ninguna manera en una democracia, justificar acciones que desconozcan la división de poderes y el equilibrio institucional. 

Tienen razón quienes rechazan la victimización de Castillo, cuando fue él quien quiso dar un golpe. El hecho de que supuestamente fue arrinconado para sacarlo del poder, cuando también hay graves señalamientos en su contra por supuestos actos de corrupción, no puede justificar de ninguna manera ninguna acción en contra de la democracia, como en este caso.