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Otro golpe a la institucionalidad es el anuncio del ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación del marco fiscal de mediano plazo 2025-2035, de suspender por tres años la regla fiscal, que es el tope del Gobierno para que no se endeude ni gaste más de la cuenta, basado en sus ingresos y gastos. La finalidad de esta figura es que las finanzas públicas sean sostenibles. La primera consecuencia, advierte Fedesarrollo, es que el déficit fiscal podría llegar a un 7,5% del PIB, “el segundo más alto en 121 años de historia económica moderna, solo superado por el 7,8% durante la pandemia”.
El Gobierno asegura que se vio obligado a activar esta medida como cláusula de escape, avalada por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), y supuestamente habiendo hecho ajustes de crecimiento del ingreso tributario. Sin embargo, son razones que no justifican suspender la regla. Cómo hacerlo si el gasto total del Gobierno nacional se incrementó tanto en un año; mientras en el 2024 fue de $396 billones, este 2025 llega a $418.8 billones, y según la ley, la cláusula de escape de la regla fiscal se puede activar solamente cuando se presentan eventos extraordinarios o riesgos de inestabilidad macroeconómica, que no existen hoy.
Exministros de Hacienda y analistas coinciden en que cuando se suspende una regla fiscal sin un debido sustento se activa una cadena de situaciones complejas y peligrosas para la economía. Empezando porque se eleva el costo del endeudamiento, de los intereses, y si son deudas que se asumen en dólares, a la Nación o a los empresarios les representará tener que pagar más porque el dólar también se encarece, y lo que se vendrá, otra vez, es un fenómeno inflacionario como sucedió durante pandemia y pospandemia por el encarecimiento de las materias primas.
Todo esto se constituye en la combinación perfecta para afectar el bolsillo de los ciudadanos teniendo que pagar más por los productos y viendo como cada vez hay menos capacidad adquisitiva. Administrar lo público en medio de un encarecimiento tan elevado generará menos posibilidades de hacer inversiones públicas, y así el Gobierno nacional ya tenga el sol a su espalda, pues le quedan 14 meses para concluir, debe mantener el país activo, no lo puede parar por falta de recursos.

Colombia no puede seguir enviando más señales de incertidumbre, porque otro efecto será que las calificadoras de riesgo le sigan bajando la evaluación al país y la inversión, extranjera y local, decida no seguir poniendo sus recursos aquí, con golpes directos a la generación de empleo. El Gobierno nacional debe diseñar un plan real para hacerle frente a los problemas fiscales, pensando más bien en reducir la alta burocracia en cargos, pues desde el comienzo en agosto del 2022 hasta el 2024 aumentó en $9.1 billones (32,1%), que si se compara con la que hubo en tiempos extraordinarios de pandemia el aumento fue de 2,4 billones (10,4%). El país no puede seguir pagando por los malos cálculos, ni por los excesos en gastos del Gobierno nacional durante estos tres años, el apretón debe hacerlo primero desde adentro.