La salud es un derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de Colombia. Se cumple en conexidad con el derecho a la vida y está relacionado con el acceso a los servicios de manera oportuna, eficaz y con calidad para preservarla, mejorarla y promoverla. No obstante, muchos de los 258 mil 313 afiliados a la EPS Asmet Salud en los departamentos de Caldas, Santander y Norte de Santander, a donde llegaron buscando satisfacer estos requerimientos, hoy no pueden decir que esta entidad cumplió esos preceptos.
Con el ánimo de garantizar los derechos, la Superintendencia Nacional de Salud intervino desde mayo la empresa y este mes decidió revocarle el permiso de funcionamiento y ordenó que el Ministerio de Salud debe comenzar a trasladar a todos los usuarios a otras EPS del país. En Caldas está el grueso de afiliados, son cerca de 148 mil, pero responsabiliza a Asmet Salud de atender a esta población hasta que se materialice el traslado definitivo. Durante años, personas del Régimen Subsidiado como del Contributivo tuvieron que soportar un servicio sin garantías de acceso y con una red de prestadores insuficiente. Ahí están varios hospitales y clínicas públicos y privados y empresas sociales del Estado padeciendo también por falta de pagos y altas deudas de esta EPS.
La crisis financiera de Asmet Salud y las fallas en la atención llevaron a los usuarios a formular 2 mil 743 quejas, Caldas concentra buena parte de los reclamos, las tutelas y los incidentes de desacato contra esta EPS por fallas en el servicio. Solo las tutelas suman 2 mil 329 en este departamento. Y aunque Asmet Salud sigue funcionando en otros 9 departamentos, pues cubre a 2 millones 27 mil 382 afiliados, hay que decir que su operación negativa en esta región y en los santanderes es claro ejemplo de los correctivos que se deben hacer, tal como lo han pedido desde muchos sectores para mejorar el sistema de salud.
El traspié de esta firma no quiere decir que todas las EPS existentes en Colombia tengan que desaparecer. Más bien el Congreso de la República, ahora que tiene pendiente la discusión y el debate de la reforma a la salud propuesta por el Gobierno nacional, debe apuntarle al fortalecimiento de los mecanismos de control, que es lo que está haciendo falta para castigar como se debe en Colombia a las empresas que incumplen con sus afiliados y con sus prestadores de servicios; pero también a incentivar con beneficios, entre ellos los económicos, a las que se destaquen por su deber cumplido o las que van más allá de lo que se exige por ley.

Lo que viene ahora con Asmet Salud es que tiene que entregar sus bases de datos, definir cuántos pacientes de alto costo tenía y el número de madres gestantes, también la información de los servicios de hospitalización autorizados que no fueron prestados con el fin de llegar con los prestadores y proveedores a conciliaciones de pago. Si la Supersalud hubiese actuado como lo está haciendo ahora, pero desde cuando comenzó a recibir las primeras quejas de incumplimiento de esta EPS, habría prevenido la crisis que afecta a miles de afiliados. Darle largas a los problemas de la salud y decidirse por estrategias equivocadas o pensadas más en recibir réditos políticos se convierte al final en asunto de vida o muerte, cuando es más fácil prevenir a tiempo.