Mucho han tenido que soportar los habitantes que le quedan al barrio Milán en Manizales. Estaban acostumbrados a vivir en un sector residencial, rodeados de tranquilidad y beneficios como debe garantizar el Estado a los contribuyentes en cualquier estrato para una zona con un uso del suelo de este tipo. Pero desde hace unos 10 años les cambió la vida. Primero con la construcción de un bulevar para conformar lo que se llamó Zona G -Gastronómica- y luego con la modificación al Plan de Ordenamiento Territorial (POT), que aprobó el Concejo Municipal en el 2017, pasó a ser área de alto impacto, sustentado en que hay un uso mixto del suelo que permite que coexistan residencias, restaurantes, bares, discotecas, gastrobares, casinos.
No se desconoce la importancia de estas actividades para la economía y la dinámica de la ciudad. Ahí hay una fuente de empleos formales e informales; se aumenta la oferta de servicios dirigidos a alimentación, diversión y esparcimiento; se promueve el turismo y el emprendimiento. Lo difícil es lograr que en un territorio convivan sin problemas frente a esta mezcla de usos. Eso viene sucediendo en Milán, pero también en otros barrios como Palermo, La Estrella, Alta Suiza, San Jorge, La Enea, Chipre, quizás con menos impactos negativos, pero que sí han cambiado la cotidianidad de sus residentes.
Hay exceso de ruido que afecta el sueño y el descanso de las personas, establecimientos que no cumplen con la insonorización reglamentaria, desmanes en el parqueo de vehículos en zonas prohibidas o entradas a garajes y viviendas, descontrol en la movilidad que dificulta la circulación del transporte público y privado, aumento en la generación de basuras, consumo de licor y de sustancias alucinógenas en calles y andenes, alteraciones del orden público por riñas. Todo esto es lo que ha vivido Milán en una década, sin que haya sido posible encontrar una solución.
En el 2021 LA PATRIA informó que habitantes de Milán consideran que el sector se volvió invivible, por lo que sus habitantes estaban pidiendo a las autoridades multar al que no cumpliera y modificar de nuevo el POT. Solo hasta ahora la secretaria de Gobierno Municipal, Diana Constanza Mejía Grand, se reunió con ellos hace una semana y acordó reforzar los controles en la zona a través de la intervención de distintas dependencias y autorizar más patrullajes de la Policía. Dejó claro que la seguridad y la convivencia ciudadana son asunto de todos. Así se venía planteando desde hace dos años, porque no solo debe ser responsabilidad de los residentes, también los comerciantes se tienen que poner la camiseta para ayudar a preservar la seguridad y la tranquilidad del sector para no deprimirlo.

Es cierto que los barrios viven ciclos, y que podrían ser cambios normales esto que está sucediendo en ellos, pero otra cosa bien distinta es la ausencia de autoridad para hacer cumplir normas establecidas y también la falta de voluntad administrativa y política para revisar el ordenamiento territorial. Eso es lo que se ha visto en Manizales y por ello es tan difícil encontrar soluciones técnicas a estos problemas para evitar confrontaciones entre vecinos y comerciantes. Se requiere entonces conciencia como ciudadanos, porque en la nociva lógica de hacer lo que a cada uno le parece, lo que provoca es afectar los derechos de los otros. A esto se suma que allí sí que se ve el aprovechamiento de antejardines como terrazas comerciales y este es otro pendiente por resolver en la ciudad, pero ese es tema de otro editorial.