El año pasado, tras un alza del 10,07% en el salario mínimo de este año, comenzaron de inmediato las alzas que absorbieron rápidamente ese incremento, y con el comportamiento de la inflación durante el 2022 bien puede decirse que el ajuste de poco sirvió, porque inclusive al superar el nivel de inflación del 2021 terminó ayudando a que los precios de los productos de la canasta familias se fueran a las nubes.
En esta ocasión, pese a la tentación que puede haber de caer en decisiones populistas, lo prudente es enfocarse en mantener el poder adquisitivo de las personas, pero no ir más allá de eso, porque ya está claro que eso es contraproducente. Ya el nivel de inflación está en niveles muy altos, cerca del 12,5%, como para que, con el supuesto ánimo de darles a las personas poder de compra, se causen efectos contrarios a los buscados.
Ante el panorama de la economía mundial y de lo que ocurre con la economía doméstica, lo pertinente es la cabeza fría, como lo concluyeron expertos consultados por LA PATRIA, cuyas opiniones fueron publicadas el pasado martes en este medio de comunicación. Debe pensarse en los efectos perversos que tendría una decisión equivocada en este aspecto en lo referente a la generación de empleo, en la lucha contra la informalidad y en el control de la inflación, para solo mencionar las consecuencias más visibles.
El Gobierno Nacional debe observar todo el contexto de la economía para adoptar una decisión correcta, y los mismos trabajadores deben proponer cifras sensatas, igual que los empresarios, con tal de que las personas no sigan perdiendo el poder adquisitivo y no pongan en riesgo sus empleos, y también se apunte a que la inflación pueda ser controlada pronto.
Hay que pensar muy bien la cifra adecuada, tomando en cuenta, además, que algunos costos concretos, que se reajustan según el Salario Mínimo, serán más onerosos en el 2023. Es el caso de las multas de tránsito, el Soat, los arriendos comerciales, los servicios públicos, el copago o la cuota moderadora de las EPS, los aportes a pensión de quienes devengan un salario mínimo, entre otros. En este punto insistimos en la necesidad de revisar el esquema de incrementos que se basan en el Mínimo y pensar que los reajustes podrían tomar como referente otro indicador que no distorsione la realidad y resulte más equitativo.

Frente a estos desafíos hay que tomar en cuenta, así mismo, que el indicador de productividad es clave para tomar el mejor camino, en el que además de proteger el poder adquisitivo de los colombianos se pueda avanzar en la formalización laboral. En un momento en el que es tan clara la posibilidad de una recesión económica mundial y el problema inflacionario es global, los riesgos para la estabilidad de la economía colombiana son reales. El peligro de que el remedio resulte peor que la enfermedad en este casi es evidente, y en esto no puede caerse en nuevas equivocaciones.