Hacemos votos para que ahora sí sea verdadera la voluntad de la guerrilla de las Farc hacia un proceso de paz. Lo que es hoy el Estado Mayor Central (EMC) dio en el 2016 un paso al costado de lo que había pactado el secretariado de toda esta facción armada a través de la firma del Proceso de Paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, en el que parte de los guerrilleros asumieron con seriedad la dejación de las armas y se desmovilizaron. Pero se conformaron unas disidencias que decidieron apartarse, volver a empuñar las armas y seguir ejerciendo la violencia en campos y ciudades. Por eso no hay credibilidad ni confianza en lo que pactaron en esta ocasión con el Gobierno del presidente Gustavo Petro, dirigido a iniciar nuevos diálogos de paz.
El lunes festivo, 16 de octubre, queda como la fecha en que el Gobierno emitió un decreto desde Tibú (Norte de Santander) ordenando suspender las operaciones militares ofensivas y las operaciones especiales de la Policía Nacional en contra de los integrantes del EMC de las Farc. Un cese al fuego bilateral que es temporal y nacional; entró a regir ayer y va hasta el 15 de enero del 2024, aunque el Gobierno tiene la potestad de prolongarlo después de esos tres meses si lo ve necesario. El decreto aclara, y es bueno saberlo, que no se suspende ninguna de las acciones que desarrolla la Fuerza Pública en contra de las economías ilegales. Eso da al menos un respiro en materia de seguridad y orden público en los territorios del país más golpeados por la delincuencia, que no quedan expuestos y desprotegidos y eso toca también a algunos territorios de Caldas.
El Gobierno dice que elaborará un protocolo para establecer las áreas en las que hace presencia el EMC de las Farc, que serán objeto de validación. Debe existir ponderación del Gobierno nacional para no tomar partido por sus cercanías o querencias, ser muy claro y honesto al determinar estas áreas y para desarrollar la veeduría, monitoreo y verificación del proceso, que estará a cargo de representantes de las Fuerzas Militares, del Ministerio de Defensa, de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y del EMC. Si esa vigilancia se hace de manera técnica, sin sesgos, ni otorgando privilegios o concesiones que no fueron pactadas, las cosas irán por buen camino y se podría pensar en un buen resultado.
Por todo esto es importante insistir que en la veeduría deben estar delegados de la Conferencia Episcopal de Colombia y de organismos internacionales como la ONU o la OEA, todos con experiencia en procesos de paz y que actúan como actores neutrales, lo que le vendría muy bien a estos diálogos y cese al fuego. No nos podemos olvidar que el EMC está comandado por Iván Mordisco, guerrillero que se ha caracterizado por sus actuaciones extremadamente violentas. En ese sentido el compromiso por mantener el respeto del Derecho Internacional Humanitario debe ser inmodificable, igual que las garantías para que no haya ataques contra la población civil y se respete la vida, que no haya desplazamiento forzado, ni reclutamiento de menores de edad.
Esto es lo que espera el país, además que el EMC permita que en todos los municipios de Colombia la población salga a votar voluntariamente el 29 de este mes y no interceda ni ejerza presión sobre candidatos en específico o para que la gente no salga a sufragar. Si de verdad las disidencias de las Farc quieren sumarse como parte de la sociedad democrática en la que estamos, es la primera muestra de paz que deben hacer. Es el segundo intento de un cese al fuego bilateral con estas disidencias, el primero lo tuvo que suspender el Gobierno en mayo de este año porque el EMC reclutó a cuatro menores de edad indígenas y luego los asesinó por orden de Iván Mordisco. Ese es el gran temor que persiste.
