Una vez más el presidente, Gustavo Petro, habló de una ley de reconciliación nacional, que iría de la mano de su propuesta de paz total. Ya había hecho mención de este asunto en su discurso del 7 de agosto, en el acto que conmemoró la Batalla de Boyacá. Ahora lo hizo frente a campesinos que recibieron titulación de sus tierras en Ciénaga de Oro (Córdoba), su tierra natal. La iniciativa aún no se ha concretado y este tipo de avisos a cuentagotas abre la puerta para la especulación y el temor. Si el mandatario lo hace para ver cómo es recibida la idea o para buscar retroalimentación que permita mejorarla, pues debería ser claro con ello. Si lo que está haciendo es activar una expectativa para incordiar a sus opositores y molestarlos, sobre todo por el tono que usó en esta oportunidad, debería tener en cuenta que lo que debe buscar su cargo es sumar voluntades, más cuando se habla de una reconciliación de la nación.
En el nuevo anuncio, el mandatario dio pie para que haya temor sobre lo que pretenderá esta ley. Dijo que esta norma favorecerá a narcotraficantes que cumplan con algunas condiciones, sin entrar en detalle a explicar cuáles serían las restricciones que habría. Mencionó que habrá otro camino para los condenados por este delito, lo que prendió las alarmas de muchos sectores que temen que la paz total termine por cobijar con un manto de impunidad hasta los delitos comunes. Ya la manga estaba bien ancha, al invitar a las bandas criminales a hacer parte de los beneficios. Ahora sí que se amplían las posibilidades y esto debe ser mirado con cautela, pues se tiene que precisar muy bien a quiénes se les ofrecerán estas gabelas.
Sería injusto que estas ventajas cobijen a los dueños de grandes capitales y promotores de bandas criminales, mientras los pequeños expendedores o los cultivadores continúen pagando como delincuentes. No es un asunto sencillo de resolver, sobre todo en un país que ha sido tan duramente afectado en su seguridad y en su cotidianidad por el narcotráfico. En campaña política se intentó restar importancia, desde la campaña del entonces candidato Gustavo Petro, a la reunión de un hermano suyo con parapolíticos y corruptos en un patio de La Picota. Sin embargo, lo que muchos dijeron que se prometió allí en beneficios y fue negado ahora parece que se cumplirá.

El alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, defendió el martes justamente el proyecto de Paz Total ante la Corte Constitucional, mostró las bondades de una reconciliación nacional, pero como tantas veces ha sucedido en la historia de nuestro país no parece que hubiera dudas de las intenciones del Gobierno. Lo que no se ve claro es que los delincuentes quieran acoger esa mano tendida. Todo lo contrario, lo que se ha visto hasta ahora es que este tipo de ofrecimientos termina por hacer creer que se trata de debilidad del Estado y se aprovechan estas oportunidades para abusar de la magnanimidad demostrada. Así lo ha hecho regularmente el Eln, y también las ahora llamadas disidencias de las Farc, se suman a estos los que no quisieron tomar mano del proceso de paz con grupos paramilitares. El país necesita saber pronto y con total transparencia de qué se habla cuando se anuncia la ley de reconciliación nacional. No pueden seguir siendo un anuncio a cuentagotas.