Al concluir en Cali la Conferencia Latinoamericana y del Caribe sobre Drogas, con participación de 33 naciones, el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Álvaro Leyva, aseveró que los países consumidores deben asumir más responsabilidades en la batalla contra el tráfico y el consumo de sustancias ilícitas. Es cierto, pero no es sensato asegurar, como lo hizo, que en Colombia la demanda interna de drogas es prácticamente inexistente y que toda la violencia asociada al narcotráfico se atribuye a los países consumidores. Eso es desconocer que las tasas de consumo de alucinógenos y otras sustancias han aumentado, y se debe asumir para cualquier estrategia global de lucha contra el consumo.
Es lógico lo que Leyva expone, que si no hay demanda, no hay oferta de drogas, pero el consumo en el planeta se volvió un problema generalizado y todos los países deben destinar recursos a políticas de salud pública y prevención del consumo, entre ellos Colombia; sin descuidar lo que se designa para el control y vigilancia marítima y terrestre por donde circulan estas sustancias. Es un deber moral y ético con la humanidad, que está siendo azotada por el consumo y que ya es prácticamente un cáncer que llegó a personas de todas las edades, incluso a los menores de edad.
Muy positivo de este encuentro que delegados de 19 países se hayan comprometido a un consenso regional para enfrentar el problema, en el que todos hablen el mismo idioma y se vayan estableciendo posiciones unánimes; no cada uno actuando por su lado porque ahí salen beneficiados son los productores, traficantes y distribuidores. De nada sirve que un país aplique medidas severas frente a las drogas y quiera blindar a su población de los problemas asociados, si sus vecinos son laxos y hay permisividad. Este consenso busca construir una reflexión común para llevar a la cumbre internacional de drogas en el año 2025 y ojalá así se haga.
De la Conferencia sale también la necesidad de reconocer que se fracasó en la guerra contra las drogas. En una especie de introspección, cada país debería evaluar su caso y plantearlo sin tapujos a los demás de la región, solo así se podrán contener de manera integral las causas estructurales de violencia, pobreza y desigualdad que han profundizado las drogas. Comprometidos con ese consenso están Colombia, México, Bolivia, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Cuba, Perú; que denunciaron la estigmatización hacia campesinos y migrantes, porque no son traficantes, sino trabajadores que buscan oportunidades. Habrá que estudiar cada caso particular.

Bolivia propone una alianza latinoamericana antinarcóticos, pero antes se deberá llegar a acuerdos porque las políticas de este país distan mucho de lo que se viene manejando en el resto del mundo. Hay quienes evalúan positivo lo que han hecho, pero otros lo critican por falta de evidencia científica. Los firmantes estuvieron de acuerdo en seguir cumpliendo los convenios y acuerdos internacionales en política de drogas e invitan a todos los países a hacerlo. Todos estos esfuerzos, pero más pasar de los diálogos a los hechos, es lo que servirá para empezar a ponerle coto a la violencia, la criminalidad y la enfermedad que está trayendo el consumo de drogas, porque han surgido otras como el fentanilo, que empieza a preocupar en Colombia por sus nocivos efectos sobre la vida.