Ya son casi ocho años desde que LA PATRIA y la Corporación Cívica de Caldas publicamos la primera Lupa a la contratación, ejercicio que busca transparentar la contratación en las entidades públicas del departamento y de sus municipios. Esto lo hacemos con base en los datos abiertos que reposan en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop) y, a pesar de que son evidentes los problemas que entraña la exagerada cifra que año a año se gasta a dedo, no hay gobernante que le ponga coto a esta anomalía. La contratación directa, a dedo, debe ser la excepción, pero en Colombia se volvió norma. Para acelerar las cosas, dicen los que la usan; para abrir boquetes por los que se cuela fácilmente el favoritismo, el clientelismo y la corrupción, pensamos otros.
Es evidente que la contratación no puede ser estigmatizada per se. Para que las cosas funcionen se tienen que hacer contratos de todo tipo, de compra de elementos, de asignación para la prestación de servicios, de mano de obra, en fin, no hay otra forma de que el Estado funcione y eso hay que tenerlo claro. No porque se contrate un servicio o un producto se genera corrupción, eso hay que precisarlo. No obstante, tenemos que decir que una selección objetiva solo se garantiza cuando hay variedad de oferentes en igualdad de condiciones, lo que no sucede cuando se contrata de manera directa. Y en lugar de mejorar en estos aspectos, las administraciones han optado por montar verdaderos contrataderos, como ha definido la Procuraduría General, las empresas que se inventan para evadir la Ley 80, que exige sus formalidades.
Se molestan los gobernantes y los gerentes de entidades públicas cuando se les advierte su contratitis a dedo. Lo que no advierten los contratantes es que cuando optan por la contratación directa es que se abren posibilidades a la corrupción. No basta con señalar, como tanto se escudan algunos, en que la ley lo permite. La probidad implica ir más allá, no conformarse con solo cumplir la ley al mínimo. Por qué no hacer un esfuerzo para que la selección objetiva sea un principio incorporado realmente a la Administración pública. Además, que se ejerza la máxima publicidad posible en los procesos. Quién sabe, tal vez se den cuenta, que la competencia sirve para mejorar los precios y ahorrar algunos recursos que se puede invertir en cosas útiles, ojalá no en más contratos.

El temor de algunos gobernantes a hacer las cosas de una manera más organizada y que muestre resultados es solo eso, un temor, porque se ha demostrado en varios momentos en entidades públicas, que se pueden hacer procesos más amplios que inviten a todas las personas que deseen participar en las convocatorias sin afectar el servicio público. Para lograrlo, se requiere cumplir con otro principio contractual, tan olvidado en las más recientes administraciones de Manizales, el de la planeación. Si esta se realiza bien, se adelantarán procesos sin contratiempos o, al menos, con muy pocos. Así que solo falta la voluntad política. Este año electoral seguramente muchos candidatos hablarán de cómo los que gobiernan abusan del presupuesto en asignaciones directas, ojalá cuando lleguen al poder no olviden sus críticas como lo hicieron los que hoy están sentados en el ejecutivo.