1993 fue el año en que Colombia pasó de servicios en salud solo para quienes le cotizaban al desaparecido Instituto de los Seguros Sociales (ISS), a un sistema de cobertura universal con la hoy desprestigiada Ley 100. Con el tiempo y trámites de ley surgieron tres regímenes: contributivo, subsidiado y no vinculados. En el primero quedaron como cotizantes los ya afiliados y como beneficiarios sus cónyuges e hijos menores de edad. Al segundo ingresaron los cubiertos por el Sisbén y sus familias, y al tercero los más pobres, quienes nunca habían tenido protección en salud. No fue el mejor de los sistemas, tuvo y tiene serias imperfecciones, pero al menos mitigó la desprotección y brindó acceso.
Se crearon las Empresas Promotoras de Salud (EPS), a las que toda la población se tuvo que afiliar en un proceso de libre elección, y estas a su vez contratar una red o Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) que son las que atienden a los usuarios. Por esa tercerización mal concebida y vigilada comenzó a pecar la Ley 100. Han habido buenas, regulares, malas y pésimas EPS e IPS, cada una sabe cómo lo ha hecho o lo hizo y a qué ha destinado los recursos que les llegan, pero por avatares de una dinámica permisiva algunas se permearon de politiquería, de corrupción, de vicios y, lo más grave en el sector salud, de un ánimo exclusivo mercantilista, no humanista.
Por falta de pago de EPS, las IPS cargan hoy una excesiva cartera morosa que está por el orden de los 23 billones de pesos y tiene a muchas en riesgo de desaparecer, todo porque los organismos de salud dejaron crecer la situación hasta llegar a un fuera de controles. Asume en agosto el Gobierno Petro con la idea de reformar este sistema de salud y con un ánimo estatizador. El proyecto lo aprobó la semana pasada, en primer debate, la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes. Carga con la salida de la exministra Carolina Corcho, y es inquietante que muchas críticas que le hicieron, hoy con un nuevo ministro a bordo, Guillermo Jaramillo, las haya pasado esa Comisión. ¿Vuelve y juega la politiquería?
Para los debates que siguen, si el Congreso de verdad quiere ser ala de la democracia, desde ya debería estar depurando lo aprobado, que bien técnico y denso es, para contárselo a la población de forma pedagógica y así podamos entender qué va a suceder en adelante con nuestra salud y cómo vamos a seguir accediendo a este derecho fundamental amparado por la Constitución Política. Mucho más a quienes hoy como pacientes inmersos en enfermedades de alto costo, catastróficas y crónicas temen por la suerte de sus tratamientos con especialistas y el acceso a medicamentos determinados que, a pesar de esos grandes defectos del sistema actual, están cubiertos y tratados como se debe.

De lo poco que se ha conocido de esta reforma hay satisfacción entre personal asistencial porque tendrían mejoras salariales, pero a los médicos les impondrán responsabilidades legales difíciles de cumplir en una cuestión tan incierta y multifactorial como la salud. Entre lo aprobado y que pasa a plenaria de la Cámara, para seguir a dos debates en el Senado y finalmente a conciliación, es que las EPS deben irse convirtiendo en gestoras de salud y vida, muchas a cargo del Estado. ¿Eso no es volver al viejo y cuestionado ISS que tuvo que cerrar por ineficiencias? Lo que suceda con la salud de los colombianos está en manos de los partidos políticos del país. De ellos y sus miembros se espera ponderación.