Lo ocurrido en Chinchiná con la violación y el asesinato de la niña Danna Sofía Alzate Galvis, de 6 años, y la posterior muerte de Luis Alfonso González Torres, de 83 años, durante la estampida que ocurrió en el cementerio tras el sepelio de la menor, retrata una compleja realidad que nos circunda en la que hay evidencias claras de problemas en la salud mental que se convierten en tragedias difíciles de explicar.
Además de los claros vacíos y deficiencias en la justicia que permitieron que un individuo como Juan Carlos Yepes Bañol, alias el Cojo (detenido por la violación y asesinato de Danna), anduviera libre por las calles del municipio caldense, pese a que tenía antecedentes por abusar de una menor de edad en Anserma (Caldas), y estar condenado por un feminicidio cometido en Quimbaya (Quindío), todo el lamentable episodio surgido de estas dos tragedias nos cuestiona acerca de una sociedad enferma que necesita de profundas reflexiones para tratar de entender lo sucedido y buscar superar semejante irracionalidad.
Preocupa más que algunos de quienes en el camino hacia el cementerio gritaban arengas para exigir el respeto por la vida, y sobre todo por el respeto de las menores de edad, se hayan visto involucrados en los señalamientos de responsabilidad a la madre de Danna por su muerte, y en el pánico que provocó la estampida que terminó con la muerte de González Torres, un desenlace que evidencia graves problemas en la salud mental de una comunidad.
Aunque casos como estos parecen distantes de nuestras vidas y se observan como situaciones aisladas que, infortunadamente, terminaron tejidas es una misma trama que más parece salida de la ficción que de la realidad, lo cierto es que hace parte de lo cotidiano y sus expresiones son demasiado frecuentes y cercanas, como lo demuestran otros hechos que guardan similitudes infortunadas.
De hecho, lo sucedido tiempo atrás con los niños Carlos Andrés y Mateo Agudelo Sánchez, de 7 y 9 años; con Juanita Valencia, de 4 (de Chinchiná); Hans Esleider Tafur Aguirre, de 7; Neimar Alexis Dagua, de 3 y medio; María Ángel Molina Tangarife, de 4; así como a otros infantes de la región asesinados a manos de sus padres, padrastros, familiares o allegados, muestran la preocupante magnitud de los problemas de salud mental que se convierten en tragedias para familias y comunidades.

Lo que se espera ahora es que el homicida de Danna sea juzgado a la luz de las leyes vigentes, pero sobre todo que no se repita la posibilidad de que esté libre por las calles cometiendo más delitos. Casos como este son los que llevan a pensar que el sistema penal colombiano tiene que ser más eficiente frente a estos crímenes, y sin caer en populismos punitivos, asegurarse de que delincuentes como estos vayan a centros de reclusión de alta seguridad, donde cumplan la totalidad de la pena.