Es un acierto que le hayan puesto freno a la saturación de encuestas de intención de voto en Colombia. Existen las que elaboran firmas de garaje, sin técnica, sin rigor estadístico ni controles, pero siempre con resultados a favor de quien las contrata y las paga. Además, poder elaborarlas sin mayores exigencias técnicas estaba generando menos credibilidad entre los ciudadanos y altos niveles de desconfianza para sufragar. Parte de esto es lo que trata de corregir la Ley de Encuestas, que aprobó el Congreso de la República y está para la firma presidencial.

Es una ley de autoría de 32 congresistas de varios partidos y tendencias políticas, liderada por las senadoras Clara López, Paloma Valencia, Angélica Lozano, y el representante a la Cámara por Caldas Juan Sebastián Gómez. Es una iniciativa que había buscado vida legislativa en dos oportunidades (2020 y 2022) sin conseguir resultados, y ahora que fue aprobada, firmas encuestadoras y políticos no están de acuerdo con que se endurezcan los requisitos para elaborar encuestas de intención de voto, ni con restringir las fechas de publicación y de divulgación de estas mediciones.

Sin embargo, no se puede asumir como censura que solo se puedan divulgar y publicar este tipo de encuestas desde tres meses antes del inicio de la inscripción de candidaturas y se prohíba hacerlo antes; las campañas también están reguladas por tiempos; es decir que para el caso de las elecciones presidenciales del 2026 (primera vuelta en mayo), las encuestas solo se podrán conocer después del 31 de octubre de este año. El sistema político colombiano es vetusto y requiere modernización, como se ha venido pidiendo. Lo que se busca con esta ley es un proceso más serio, riguroso, transparente y garantista para candidatos y ciudadanos. A eso hay que apostarle.

El representante caldense asegura que en Colombia no había una ley en este sentido desde los 90; por ello, que se haya reglamentado no puede ser mal visto, porque no toda medición puede ser considerada una encuesta de intención de voto, que en adelante deberá preguntar por todos los candidatos inscritos. Es muy positivo que se obligue a cumplir el rigor científico y criterios más detallados para mejorar la calidad. La exigencia de que las encuestas nacionales se hagan en ciudades mayores a 800 mil habitantes y las departamentales, municipales y distritales se hagan en las capitales y al menos el 20% de los municipios busca garantizar que la técnica estadística disminuya el margen de error y tenga mayores niveles de confianza.

Otros puntos importantes son las exigencias de datos abiertos a la ciudadanía y que se conforme una Comisión Técnica y de Vigilancia a cargo del Consejo Nacional Electoral, integrada por expertos postulados por universidades. Medios de comunicación y redes sociales también deberán cumplir con esta ley. Es sensato que las encuestas de intención de voto sean reguladas para ganar en credibilidad, que el ciudadano tenga elementos de juicio más cualificados para su discernimiento en materia electoral, pero de nada servirá una ley si los controles no se aplican como debe ser y se encuentran otros métodos para hacerle trampa.