Un proyecto de ley sin financiación ni soporte técnico zozobra, como volvió a ocurrir con la reforma a la salud del Gobierno Petro. La Comisión Séptima del Senado la archivó. Se calcula que el déficit del sector salud se acerca a la escandalosa cifra de 129 billones de pesos sin una fuente específica de financiación. Irresponsable sería que le hubiesen dado el visto bueno con semejantes vacíos.
Esta corporación no podía agregarle más problemas a la salud de los colombianos, dejándola expuesta a una iniciativa más dañina que la primera reforma, que también terminó hundida en el Senado. Si a no tener cómo cubrir el déficit se le suma que el propio Gobierno ha inducido a la peor de las crisis en la historia del sistema de salud en Colombia, lo que se veía en el horizonte era el caos. Son tantas las deudas y tan altas que muy seguramente el 2026 se iniciará con mayores deficiencias financieras que este proyecto de reforma no podía resolver.
Los equipos del Gobierno siguen fallando en las relaciones políticas y además en lo técnico, porque en dos semanas son dos las reformas estructurales que contemplaba pasar el presidente Petro en el Congreso y han fracasado: la tributaria y la de la salud por falta de rigor en lo fiscal. Son fracasos que muestran además que se mantiene esa mala relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, y que mientras persista difícilmente los proyectos se convertirán en leyes por falta de voluntad y acuerdos políticos, mucho más por lo que se viene el próximo año con las elecciones de Congreso y las presidenciales.
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tampoco hizo lo suficiente por aclarar el panorama financiero de la reforma o al menos para dar tranquilidad sobre lo que estaban proponiendo. Se ha dedicado más a contrapuntear y esto no le ha servido al Gobierno. Jaramillo además sigue incumpliendo con la orden que le dio la Corte Constitucional desde enero para que en mesas técnicas calculara de nuevo la Unidad de Pago por Capitación (UPC), que es lo que el Estado gira a las EPS por afiliado atendido. Para esa época se había estimado que fuera de 16% y el Gobierno solo incrementó 5,2% olvidando el nivel de gasto y las frecuencias de demanda del sistema de salud, que cada vez son más altas. El tema ya va en un incidente de desacato por incumplimiento, aunque Jaramillo asegure que no ha sido notificado y que ya cumplió con equiparar el valor de la UPC del régimen subsidiado con respecto al del contributivo, pero se olvida de otros asuntos clave como los presupuestos máximos.
Entre las mayores responsabilidades de un Gobierno está garantizar la protección y la vida de todos los gobernados, indistintamente. No se trata de desviar ahora la atención con cortinas de humo. La salud es un tema bastante serio y en un Ministerio como el de Salud deberían estar personas que asuman sus deberes constitucionales. No puede ser posible que haya transcurrido casi un año y Jaramillo no haya acatado una orden superior, mientras que los enfermos en Colombia siguen empeorando porque estamos en un sistema que empobrecer.