Cuando la persecución y el señalamiento se aplican a quienes no están de acuerdo con una posición, hay que encender las alarmas, y si esto pasa en las universidades hay que ponerle mayor empeño y pararlo. No hacerlo sería dejar perder el legítimo derecho a la institucionalidad académica, que promueve la participación democrática y el respeto por la diferencia. No existe pretexto para oponerse ni para atacar, por más sutil que sea, a los que piensen diferente; las universidades deben seguir siendo espacios de producción y generación de conocimientos en toda la extensión de la palabra.
Tratar de instrumentalizar a otros para que alineen su pensamiento se ha convertido en una perversa práctica, sobre todo en las universidades públicas. La Universidad Nacional de Colombia, la más grande y reconocida del país, que tiene una de sus sedes en Manizales, viene advirtiendo la presencia de actores que están desinformando, estigmatizando, persiguiendo, señalando y hasta hostigando; todo, a raíz de lo que ha sido un traumático proceso de elección de rector para el periodo 2024-2027, que mantiene escindida a la Universidad entre los que apoyaron a Leopoldo Múnera en su administración, que duró casi un año y medio hasta enero de este año, considerada bastante cercana al Gobierno nacional, y los que respaldan a Ismael Peña, que por decisión del Consejo de Estado recuperó su nombramiento como rector en una elección para este periodo.
Ningún miembro de la Unal. debería permitir que se vulnere la convivencia, el buen trato, el pluralismo, el respeto, la consideración por la dignidad y los derechos del otro que se tendrían que estar expresando a través de relaciones cordiales y armónicas como contempla un artículo de su Estatuto General. Ninguna dinámica de violencia debería estar haciendo presencia en una institución de educación superior, que tiene que estar protegiendo la libertad de expresión como mandato constitucional. Debe ser una tarea de estudiantes, docentes, administrativos, directivos, y no temerle tampoco a denunciar a quienes se sabe intimidan, silencian y excluyen por pensar distinto.
En diciembre del 2020, la comisionada de la verdad Martha Ruiz dijo durante la entrega del informe Conflicto en el campus: la generación que no aprendió a rendirse: “No podemos tener más sangre en los campus, no más desplazados, no más exiliados, tenemos que tener unas universidades con libertad: libertad de cátedra y libertad de expresión”. Estas palabras deben servir para la reflexión. No podemos olvidar que la violencia ya ha cobrado vidas en las aulas de varias universidades del país. Del ataque verbal a la agresión física, lo sabemos bastante bien en Colombia, se pasa fácilmente. No hay nada que desdiga más de la tarea de una universidad que la incapacidad de resolver las diferencias con el diálogo. 
                                   
Los universitarios del país históricamente han desempeñado un papel importante en la defensa de las libertades de la Nación, por qué ahora acudir a las amenazas cuando hay vías pacíficas para discutir los desacuerdos y buscar consensos. O es que existen otros intereses oscuros para que desde la academia se gesten otro tipo de movimientos. Ser universitario también representa un compromiso con Colombia, no solo por la formación que se obtiene, además porque desde las universidades se gesta ciudadanía.