Si hubo o no extralimitación de funciones en los actos de la Fiscalía o de la Procuraduría lo deben establecer instancias diferentes a la Presidencia de la República. Al fiscal general de la Nación lo juzga el Senado cuando se trata de faltas disciplinarias, y si es por delitos corresponde a la Corte Suprema de Justicia, lo mismo que al procurador. Insensato entonces dar por sentado que el saliente fiscal, Francisco Barbosa, y la procuradora, Margarita Cabello, quieren con sus actos desestabilizar el Gobierno. El presidente, Gustavo Petro, denunció por su cuenta de X que orquestan una ruptura institucional para sacarlo del cargo.

En 1945 quedó establecido que Instrucción Criminal -hoy Fiscalía- es parte del poder judicial, y desde la Constitución de 1991 son del Ministerio Público la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría y las personerías. La Fiscalía, como ente investigador en el país, puede acusar basada en indicios recopilados como lo hizo sobre una presunta financiación de Fecode a la campaña Petro presidente, que no habría sido reportada. A la Procuraduría le corresponde vigilar las actuaciones de los servidores públicos, advertir violación de normas y sancionarlos, como la suspensión provisional impuesta al canciller, Álvaro Leyva, pero desacatada por el presidente y por el funcionario.

Suena desproporcionado hablar de ruptura institucional cuando las actuaciones no han hecho tránsito a cosa juzgada; son parte de procesos en curso. Más riesgoso es para la seguridad y el orden público que el presidente Petro convoque a una nueva movilización con los ánimos caldeados. Podría ser contraproducente hasta para el propio Gobierno. Fecode anunció que marchará hasta la Corte Suprema de Justicia para protestar contra el fiscal y sus acciones.

Compartimos el llamado de gremios y ciudadanos a la moderación y al buen juicio, porque Petro y Barbosa vienen en un dañino enfrentamiento. El presidente fue electo para cuatro años, que deberá cumplir en el cargo, y al fiscal le quedan cinco días para terminar su periodo; por lo tanto, no se justifica descuadernar el país. Mucho menos hacerlo a manera de presión a la Corte Suprema porque se toma el tiempo para elegir nueva fiscal de la terna que envió Petro por adelantado, faltándole a Barbosa 195 días en la Fiscalía. Demoras también se han dado para elegir fiscal en otros gobiernos, lo que pasa ahora es que con tanta anticipación cualquier plazo se alarga.

El mayor error sigue siendo el de pretender gobernar por plataformas digitales, estrategia sin éxito y muchas consecuencias para mandatarios que lo han intentado. El presidente creyó en una cuenta falsa de X con el nombre del fiscal, y respondió por esta red social con traducción a varios idiomas para supuestamente poner en evidencia las actuaciones de Barbosa, pero se amparaba en un trino falso. Es hora de entender que son personas representando instituciones, ellos no son las instituciones. Por eso, el clamor por la sensatez, que siempre es buena consejera.