En el 2009, Álvaro Uribe, como presidente de Colombia, declaró gestora de paz a Elda Neyis Mosquera, alias Karina, una temida guerrillera de las Farc, especialmente en el oriente de Caldas donde sembró muerte, dolor, desplazamiento. En el 2016 muchos colombianos sintieron escalofrío cuando vieron sentados en una mesa de diálogos con el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos a integrantes de las Farc que poco antes habían ocasionado masacres, extorsiones, secuestros, violaciones; a muchos se les vio más tarde como congresistas electos y algunos continúan en sus curules ya bajo el Partido Comunes, en lo que se transformaron.
También indignó el anuncio que hizo hace ocho días el presidente, Gustavo Petro, por su cuenta de Twitter: “Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”. Mancuso, exjefe paramilitar que protagonizó las peores atrocidades contra la población en medio del conflicto colombiano, fue extraditado en el 2008 a Estados Unidos para pagar una condena de 15 años por narcotráfico, que terminó de cumplir hace tres años, pero no ha regresado al país. Colombia lo pidió en extradición a las autoridades norteamericanas, pues tiene pendientes dos condenas por ocho años, ya que la Fiscalía le imputó 4 mil 93 hechos violentos.
El presidente Petro alimentó más esta polémica durante la semana pasada en el país, al designar también como gestor de paz a Alexánder Farfán, alias Gafas, exguerrillero de las Farc que se caracterizó por su crueldad con secuestrados y hasta con los propios guerrilleros. Para las víctimas esto es un agravio. Gafas estaría como negociador de paz con las disidencias de las Farc al mando de Iván Mordisco, que siguen delinquiendo. Cada una de estas decisiones presidenciales, desde el 2009 y en distintos momentos del país, han generado el mismo rechazo. Los gobernantes deben entender que para la sociedad no es fácil asumirlo, en un país que ha sufrido los rigores de la guerra en carne propia.
A los ciudadanos les cuesta entender y aceptar que son métodos para acercarse a la paz, ven innecesario tener que echar mano de violentos, que tanto daño le han hecho a Colombia, para que ocupen estas posiciones en un proceso de paz, como tampoco hay credibilidad en que puedan aportar mucho a esta construcción, más allá de cumplir con lo que tiene definido la Justicia Especial para la Paz en lo que a verdad y no repetición se refiere. Sería más positivo acudir a colombianos que han cumplido una labor ejemplar dentro de la sociedad, esas víctimas que sufrieron con el actuar de todos estos grupos armados y a pesar de toda esa violencia que vivieron aprendieron a perdonar y olvidar y hoy están preparados para enfrentar procesos como estos, desde una visión humanística, pues sus acciones son de paz.

En este caso, las críticas no pueden ser ahora solamente para el presidente Petro, otros lo hicieron, esperamos que no haya sido como un premio para los violentos, sino tratando de involucrarlos en la anhelada paz que sigue pidiendo el país. Los resultados de lo que han hecho los gobiernos en este aspecto, con esos personajes, no se conocen, pues el conflicto continúa a pesar de los acuerdos de paz y de cese al fuego. Qué pasó con esos gestores designados, acaso no deberían ser los que hoy estuvieran aportándole a la meta de la paz total.