No es sensato que en un consejo de ministros el presidente Petro haya anunciado no permitir una nueva prórroga del contrato con Thomas Greg & Sons para que siga con la impresión de los pasaportes en Colombia a partir del 1 de septiembre, cuando se vence el plazo del contrato actual. Con esto desautorizó a la ministra de Relaciones Exteriores, quien la semana pasada dijo que se renovaría el contrato por 11 meses y que el presidente había accedido a declarar urgencia manifiesta para garantizar la continuidad. A pesar de ello, Petro le ordenó al recién posesionado jefe de gabinete, Alfredo Saad, no hacerlo e iniciar el proceso con la Imprenta Nacional.
Sarabia, en una lógica reacción, dio ayer un paso al costado y habiendo sido la mano derecha y funcionaria de confianza del presidente Petro, que lo salvó varias veces de cometer errores, presentó su carta de renuncia. Es grave lo que Sarabia sostiene, en cuanto a que en los últimos días se han tomado decisiones que no comparte y que por coherencia personal y respeto institucional no puede acompañar. No debe guardar silencio, y si conoce de algo irregular debe darlo a conocer a las autoridades.
La determinación del presidente desconoce además que la Cancillería y el Ministerio del Interior que es el encargado de la Imprenta Nacional, habían advertido que esta entidad no tiene la capacidad ni la tecnología suficientes para imprimir y expedir los pasaportes en solo dos meses. El contrato para la expedición de los pasaportes en el país viene envuelto en un escándalo desde el 2023, cuando siendo canciller Álvaro Leyva, suspendido por la Procuraduría, canceló una licitación que había salido favorable a Thomas Greg, que demandó al Estado y se tuvo que continuar el contrato. Desde entonces el Gobierno busca asignarle a la Imprenta la elaboración de los pasaportes, con la intermediación del Gobierno de Portugal, en una alianza comercial para dotar de tecnología a esta entidad.
Es bastante delicado provocar más ruido dentro del Gobierno y dejar casi al azar un asunto tan serio como el visado para los ciudadanos, que lo requieren para salir del país por motivos académicos, laborales, turísticos, familiares. Son documentos que tienen que cumplir todas las condiciones de calidad y seguridad exigidas a nivel internacional y así logren tener reconocimiento en todos los países, sobre todo los de la Unión Europea y en Estados Unidos que son demandantes con estas características.
No es posible que se deje semejante responsabilidad a quien se hace llamar en redes sociales Pastor Saad, aunque no es reconocido por ninguna iglesia, y tiene cuestionamientos por solicitar el cierre del Congreso y sus posturas homofóbicas. La Procuraduría abrió una investigación en su contra por presuntas irregularidades en un contrato de prestación de servicios en la Guajira que suscribió con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), supuestamente habría presentado un reporte de actividades realizadas por otros contratistas. Personajes de estas condiciones no son los más acertados para que continúen procesos tan serios como el contrato de los pasaportes, que la canciller Sarabia venía enderezando para garantizar, como debe ser, el servicio a la ciudadanía. Ahora se retrocede todo lo andado y se deja un Ministerio acéfalo. Todo un desgreño.
