Si esto ocurre en los inicios de un posible diálogo, qué diremos más adelante cuando cada parte exponga sus demandas.
Los cuatro jóvenes, tres de ellos entre 14 y 16 años, masacrados la semana pasada por disidencias de las Farc tienen que ser la gota que rebosó la copa del Gobierno de Gustavo Petro con los grupos guerrilleros que siguen delinquiendo en Colombia. Eran indígenas que había reclutado a la fuerza el frente Carolina Ramírez al mando de Iván Mordisco. Escaparon con armas de dotación y llegaron a Los Estrechos, en Caquetá, intentando salir a Bogotá y pidiendo que retornaran los artefactos a los comandos de la zona. Mientras la comunidad conseguía gasolina para movilizarlos, arribaron los guerrilleros y masacraron a los jóvenes delante de la propia comunidad.
¿Esto es un signo de quien quiere la paz total? Solo bárbaros pueden actuar de tal forma y contra seres vulnerables. Hasta el presidente por su cuenta de Twitter calificó tal masacre como crimen atroz, como una bofetada a la paz que violenta las bases del Derecho Internacional Humanitario, pues no hay justificación para esta clase de crímenes. La decisión que tomó con su equipo de Gobierno fue suspender el cese al fuego bilateral con este grupo armado en los departamentos de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo. Además, se informó que el Gobierno reactiva todas las operaciones ofensivas.
Las Farc respondieron, tranquilamente en un comunicado, que este rompimiento unilateral desatará la guerra y se multiplicarán los muertos, los heridos y los prisioneros. Así, bajo una frentera amenaza contra el pueblo colombiano, imponiendo el miedo en veredas y ciudades es que buscan las Farc llegar a una mesa de diálogo con el Gobierno para alcanzar la llamada paz total. Nada más traído de los cabellos. Esa reacción es el comportamiento típico de enfermos mentales que tras de incurrir en sus delirios contra otros piden ser tratados como víctimas, pues en el comunicado, esas disidencias agregaron que la suspensión del cese al fuego es contraria a la política de paz total.
Con esto, los guerrilleros buscan es territorios para seguir haciendo de las suyas, cometiendo delitos, movilizándose armados por todos los corredores y atentando contra todo lo que se les oponga y las libertades del resto de ciudadanos, sin que nadie diga ni haga nada. Eso no es ninguna paz. El Gobierno tiene que velar por la seguridad y la vida de todos los colombianos, y por encima de este mandato constitucional no hay nada en el país, por más que critiquen o pidan los grupos armados. Cualquier intento de paz debe ser solo para quienes cumplan lo pactado. Si esto ocurre en los inicios de un posible diálogo, qué diremos más adelante cuando cada parte exponga sus demandas.

Es la hora de que el Gobierno de Gustavo Petro, y especialmente el comisionado de Paz, Danilo Rueda, empiecen a actuar con rigor frente a estas disidencias y cualquier otra guerrilla en el país. Razón tienen quienes critican la forma laxa como se les ha tratado hasta ahora. Lastimosamente tuvieron que morir menores de edad para que se reaccionara. Hasta gobernantes han pedido suspensión del cese al fuego en otros departamentos donde la guerrilla sigue delinquiendo. Al cierre de esta edición nos enteramos del ataque terrotista en Tibú (Norte de Santander), con un saldo de dos polícias muertos y una civil, que muestra cómo la paz total puede ser una voluntad del Gobierno, pero de pocos más.