El presidente Petro debe convocar a la cúpula militar y de policía para diseñar la estrategia con la que se va a enfrentar la escalada terrorista en Colombia. Los ataques perpetrados ayer en Cauca, Valle del Cauca y Nariño, con artefactos explosivos, dejan por lo menos ocho muertos entre civiles y policías; heridos y graves afectaciones a viviendas, comercio e instituciones. Atribuido todo a incursiones de las disidencias de las Farc.
La defensa y seguridad nacional atraviesan serias amenazas. El sábado fue el atentado sicarial, perpetrado por un menor de edad, contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, que lucha por su vida en una UCI. No paran los asesinatos de policías y de militares en ataques; la Fuerza Pública viene en un notorio debilitamiento; tampoco cesa la violenta toma de poblaciones que han llevado a tragedias humanitarias como la de principio de año en el Catatumbo que no ha parado y se viene repitiendo en otros rincones rurales; pero también los ataques de ayer a los CAI de los barrios Meléndez y Manuela Beltrán, en Cali y que dejaron este civil muerto, ratificando que el conflicto escala rápidamente en las ciudades.
Lo vimos también la semana pasada en Tuluá, militarizado y en toque de queda de 11 horas tras la retaliación de miembros de la banda criminal La Inmaculada, responsable en buena parte de la crisis de violencia en el Valle del Cauca, que quemaron vehículos y establecimientos comerciales por la extradición de su jefe, Andrés Marín, alias Pipe Tuluá, a Estados Unidos por narcotráfico; un asesino condenado en Colombia a 30 años de cárcel. En las elecciones regionales del 2023, esta estructura fue responsable de asesinatos de periodistas y de políticos. El Gobierno intentó dialogar con Marín, buscando desarticular esa organización, pero a pesar de los compromisos para no ordenar muertes, siguió delinquiendo. La banda estaba fraguando un plan de fuga de Marín, frenado por organismos de inteligencia.
Se suma la decisión de 16 exjefes paramilitares, entre los que se cuentan algunos de los más sanguinarios mandos de las Auc acusados de crímenes de lesa humanidad, que renunciaron a seguir siendo gestores de paz por designación del presidente Petro. Alegan supuestos incumplimientos de la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz y que el papel que estaban desempeñando se había convertido en algo simbólico. Pueda ser que no retomen sus antiguas andanzas porque casi tres años después del inicio del Gobierno Petro se han fortalecido las organizaciones criminales en número de miembros y armamento en beneficio de sus negocios ilegales de narcotráfico, minería ilegal, secuestro.

Apenas la semana pasada y presionado por la Contraloría General de la República, el presidente Petro ordenó modernizar el armamento del Ejército incorporando nuevas tecnologías para enfrentar el conflicto. La Contraloría señala la tenencia de artefactos militares vencidos y la presunta pérdida de municiones en instalaciones militares. En un país tan convulso, en el que tampoco el Gobierno ha actuado como debería para frenar el actuar delictivo del Eln, todas las disidencias de las Farc, el Clan del Golfo y otras organizaciones criminales, son medidas bastante tardías; a todos se les permitió tomar ventaja y lo que queda es una seguridad desdibujada que requiere ser intervenida ya.