Habla muy bien de los departamentos que ya decidieron comenzar a aplicar, y sin restricciones, el fallo de la Corte Constitucional del 4 de febrero, con el que ordenó acabar en Colombia con el monopolio de los aguardientes y abrir las fronteras para estos licores producidos por las destilerías del país. Ya lo adoptaron la Industria Licorera de Caldas (ILC), la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA), la Licorera de Nariño y la Licorera de Caquetá. Están pendientes de cumplirlo las destilerías del Valle del Cauca, Boyacá, Huila, Cundinamarca y Putumayo, cuya posición es que se espere la divulgación de la sentencia de esta alta Corte para verificar el alcance del fallo, a pesar de que legalmente solo con la notificación de esta decisión lo podrían autorizar.
Se trata de una determinación que no solamente es empresarial, hay que sumarle la evidente voluntad administrativa y política de los entes territoriales para adaptarse a normas constitucionales, contribuyendo así enormemente con el derecho a la libre elección de las personas y no seguirlas limitando a que solo puedan consumir lo que los gobernadores determinen en sus departamentos. Además, abre posibilidades comerciales para que bajo los principios del libre mercado las destilerías acudan a sanas prácticas y compitan con lo mejor que tienen para fabricar, promocionar y vender sus licores; tal y como ocurre con otros productos nacionales.
Indiscutiblemente todo esto es un logro, cuyos créditos hay que dárselos y reconocérselos a la Industria Licorera de Caldas, gerenciada por Diego Angelillis Quiceno, y al gobernador de Caldas, Henry Gutiérrez Ángel, que desde su llegada en el 2024 no dudaron en seguir promoviendo la demanda que buscó la eliminación del monopolio rentístico de los aguardientes en el país. Además que paralelamente con lo legal y jurídico desarrollaron actividades mostrando las bondades de suprimir el dominio de la venta de los aguardientes y la necesidad de abrir fronteras.
La resolución de autorización de la FLA, para comenzar a vender en Antioquia y por 10 años todos los aguardientes de la ILC, que se conoció esta semana, es además un importante alcance en todo este proceso, teniendo en cuenta que el año pasado hubo un litigio jurídico entre estas dos licoreras por la similitud entre el Aguardiente Amarillo de Manzanares y el Aguardiente Real. Por su parte el gobernador Gutiérrez ya había emitido en abril un concepto similar, según dijo, como acto de corresponsabilidad, dando el visto bueno para que Antioquia y el Valle del Cauca tengan el aval oficial para introducir en Caldas sus aguardientes.
La meta de Caldas, proyecta el gerente de la ILC, es comercializar en este 2025 en Antioquia entre 2,5 millones y 3 millones de unidades de 750 mililitros, y su abastecimiento se iniciará a partir de la próxima semana, después de cumplir trámites legales. Hay que ver esta decisión de la Corte Constitucional como una oportunidad para hacer crecer la categoría de los aguardientes en todas las regiones del país y con ello se aumenten los recursos provenientes de los impuestos que genera el consumo de destilados, y que van a beneficiar la salud, la educación, el deporte, entre otras áreas a las que llegan las transferencias que hacen las destilerías por sus ventas a los departamentos.