Es innegable que Colombia tiene un grave problema de desigualdad que, pese a diversas iniciativas en varios gobiernos, no ha sido posible dejar atrás. El actual gobierno de Gustavo Petro, en cumplimiento de una promesa de campaña, impulsa la creación del Ministerio de la Igualdad, lo cual considera vital para luchar contra ese flagelo. No obstante, el riesgo de que en lugar de una solución con esta determinación se genere un nuevo problema es real, y puede terminar en una nueva dependencia que no remedie nada y sí sea un nuevo peso burocrático para el Estado.
Es cierto que a los desequilibrios sociales que ya se tenían de tiempo atrás, la pandemia de covid-19 y sus medidas de mitigación como los aislamientos, profundizaron los problemas, e incluso determinaron la aparición o identificación de nuevos problemas de desigualdad. Es así como hoy es prioritario lograr una sociedad más incluyente, pluriétnica y multicultural, que sea protegida por el Estado. Sin embargo, para lograr eso no sería necesaria una nueva estructura burocrática, sino un compromiso más amplio impulsado por el gobierno, haciendo uso de una política transversal, lo demás suena más a rimbombancia y populismo.
Lo cierto del caso es que hace una semana el proyecto fue aprobado en las comisiones primeras de la Cámara de Representantes y del Senado de la República, y que hoy la iniciativa estará en consideración de las plenarias de ambas corporaciones, lo cual muy posiblemente termine con la aprobación, tomando en cuenta las mayorías de las que goza hoy el Ejecutivo nacional. No obstante, siendo sensatos, los efectos de lo que se busca no están necesariamente ligados a la creación de un nuevo ministerio.
Ante la casi seguridad de que el ministerio será creado, nuestro llamado es a que esa institución, sin generar más burocracia, concentre bajo sus acciones el trabajo de varias instituciones que ya existen, y que lo único que necesitan es una mayor coordinación y un trabajo más consistente para que logre el impacto que se necesita. Lo que tiene que garantizarse es que no se cree nueva burocracia, que los recursos que se deben usar en financiar programas sociales no se esfumen pagando salarios, que los recursos ya existentes sean mejor invertidos en las poblaciones que han sido tradicionalmente discriminadas.
No hay duda que hay que buscar más y mejores soluciones para las mujeres, la población afrocolombiana, la niñez y los jóvenes, sobre todo en las regiones alejadas, que es donde existe una mayor desigualdad. Ese es, incluso, un mandato de la Constitución de 1991, con 31 años de vigencia y muchas tareas aún por concretar, pero la creación de un nuevo aparato burocrático podría terminar en lo expresado por el adagio popular: “puede resultar peor el remedio que la enfermedad”.

Cuando se dan este tipo de decisiones se cae en la tentación de pensar que con tener nuevas dependencias es suficiente para resolver los problemas, pero el camino a las soluciones sería más efectivo con una estrategia más integral, en donde el compromiso de todo el aparato estatal sea real, y con ello poder contagiar de esa misma preocupación al resto de la sociedad colombiana. No hay otra manera de erradicar las causas estructurales de la desigualdad que tradicionalmente se ha tenido en el país.